El vergonzoso curro de algunas escuelas públicas salteñas: ¿quién controla?

Mañana comienzan las clases en Salta, una de las pocas provincias que acordó en tiempo y forma las paritarias (la otra es Misiones). El aumento pactado entre el gobierno de Urtubey y los gremios docentes fue del 15% a pagarse en cuatros tramos y sin cláusula gatillo. Toda una novedad si se tiene en cuenta que en años anteriores las negociaciones se dilataban y se generaban frentes de conflicto. El escenario más tenso se vivió en 2014 con el acampe en la Plaza 9 de Julio.

De manera imprevista, las paritarias no fueron noticia en las semanas previas al inicio del ciclo lectivo. O en todo caso lo fueron, pero las negociaciones llegaron rápidamente a buen puerto y la vorágine impuso otros temas en la agenda de la opinión pública. Como por ejemplo el pago a voluntad a las cooperadoras al momento de la inscripción de los alumnos en las escuelas públicas. Se desató una gran polémica tras innumerables denuncias de padres recibidas en Que Pasa Salta.

El monto a abonar variaba de acuerdo al establecimiento educativo. Lo cierto es que se pudieron ver recibos que oscilaban entre los 500 y los 1200 pesos. El mismo concepto lo indica: pago a voluntad. El aporte es de carácter contributivo. Pero fueron muchos los padres que aseguraron que si no se paga la cooperadora los menores sufren represalias y en algunos casos hubo denuncias de que no se inscriben a los alumnos. Una vergüenza. Más aún sabiendo la situación traumática y humillante para un chico.

La ministra de Educación Analía Berruezo tuvo que salir públicamente a desmentir la obligatoriedad del pago a la cooperadora. Una obviedad. Pero increíblemente muchos se avivaron y confundieron a los padres. Según varios testimonios, existía una mesa pura y exclusivamente para la "colaboración" al momento de la inscripción. Ahí se abonaba y se recibía la constancia de pago.

Nadie está en contra del cobro a voluntad. Es más, muchos padres se mostraron a favor de aportar un granito de arena para que se realicen refacciones o mejoras edilicias. Es sabido que muchos docentes trabajan a pulmón incluso fuera del horario curricular. No obstante, no se puede obligar a una familia a pagar un monto que le resulta excesivo. No todos pueden hacerlo. Y en muchos casos optan por inscribir a sus hijos en escuelas públicas porque no tienen los medios suficientes para hacerlo en una privada.

El que no puede pagar no debería ser presionado para hacerlo. Caso contrario es una acción intimidante y avasallante. Ojalá que el año que viene no tenga que salir nuevamente la ministra a aclarar la situación. Caso contrario, deberían modificar el nombre de pago voluntario a pago obligatorio.