Bolivianos explotaban a salteños y les hicieron vivir un infierno: "Sin comida ni agua"

La desesperación por conseguir un trabajo lleva a muchos a caer en las garras de inescrupulosos que los explotan hasta límites insospechados. Un claro ejemplo se vivió en una finca de la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento (provincia de San Juan), donde 11 salteños que vivían en condiciones precarias e infrahumanas fueron rescatados hace un par de semanas.

Por el delito de trata laboral fueron imputados y procesados Ricardo Guzmán Cruz, su Flora Choque Villalobos (ambos de nacionalidad boliviana) e Iván Alberto Herrera (salteño de 24 años) quién captó y engañó a las víctimas en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Según publicó Diario de Cuyo, les ofreció trabajo en la cosecha de aceituna bajo la promesa de traslado y alojamiento gratuito, con una remuneración $200 pesos por cajón.

En la causa interviene el juez federal Leopoldo Rago Gallo, y las penas por el grave delito de trata laboral incluye penas que van de 8 a 12 años de cárcel. El magistrado se basó en las innumerables pruebas para dictar el procesamiento de los tres imputados (el matrimonio boliviano y el joven salteño). Aún así, no se dictaminó la prisión preventiva.

Rescate del infierno

El caso estalló el pasado 9 de marzo, luego de que una de las trabajadoras se escapara del predio ubicado en calle Eugenio Varas 294, Villa Güell, en Media Agua, y radicara la denuncia en la Comisaría Nº 8. La mujer expuso las deplorables condiciones en las que vivía y luego se sumó el testimonio de su pareja y otros obreros.

Según la resolución que dio a conocer Diario de Cuyo, el matrimonio impartía las órdenes sobre el trabajo y el alojamiento. Así, de acuerdo a las pruebas, les reclamaron el pago de la estadía en San Juan, al igual que los pasajes de traslado desde Salta. Para asegurarse el cobro, les retuvieron los DNI. Además, les indicaron que tenían que conseguir su propia comida y agua. No fue lo único, sino que no les entregaron herramientas de trabajo y, las pocas que les suministraron, les aclararon que, si las rompían, se las iban a descontar de la paga. Con respecto a ese punto, les aclararon que serían $150 por cajón y no 200, aunque nunca cobraron por lo trabajado. También fueron sometidos a extensas jornadas laborales, sin horas ni días de descanso.

Con todos esos elementos, Rago Gallo dio por probada la figura de trata laboral, ya que destacó que Guzmán y Choque "acogieron" a los trabajadores con fines de explotación comercial. El primero, además, era el que los trasladaba hacia la finca San Juan Del Sol y fue un "beneficiario económico", dado que obtenía el 5% de cada caja por trabajador.

Claudio Vera, abogado de Herrera, explicó que su intención es ir a juicio y demostrar la inocencia de su cliente, dado que "viajó desde Salta con amigos, vecinos y parientes que estaban en las mismas condiciones".