Allanaron una empresa en pleno centro de Salta: denuncian estafas y hay una imputada

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, efectuó tres allanamientos y posterior secuestro de dinero en moneda nacional y extranjera, además de elementos que podrían ser útiles a la causa en la que se investiga a la Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., empresa dedicada al rubro financiero y de la construcción.

La Fiscal solicitó también a la jueza de Garantías 8va Nominacion Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la imputada María Mercedes Ibarra sobre quien pesan denuncias por estafas reiteradas (9 hechos), en concurso real.

Según publicó Fiscales Penales Salta, la imputada se presentaba como presidente de una financiera solvente y seria, Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones S.A., ofreciendo a los denunciantes la celebración de operaciones de inversión de sumas de dinero con altas tasas de interés e inclusive su conversión a moneda extranjera (dólares estadounidenses), a sabiendas que no cumpliría con lo comprometido.

Incluso, según consta en algunas denuncias, a fin de aparentar mayor seriedad del negocio jurídico celebrado y obtener la confianza de los denunciantes, suscribió contratos titulados "Negocio en Participación" en los que habiendo los damnificados, entregado importantes sumas de dinero, la imputada no cumplió con la devolución de lo invertido, ni cumplió con los pagos correspondientes en intereses, perjudicándolos patrimonialmente.

La solicitud de aplicación de medidas sustitutivas, para la imputada, es a fin de asegurar que la misma se someterá a los designios de la Justicia y que no entorpecerá la investigación.

De igual forma y atento a los dichos manifestados por los denunciantes, la gravedad y cantidad de imputaciones formuladas y por formular en contra de la denunciada, se solicitó como medida, la obligación de presentarse ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos cada 15 días a fin de constatar su domicilio actual, la prohibición de salir sin autorización del país, y la prestación de una caución adecuada propia; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.

Las diligencias se realizaron en calle Leguizamón 753 (sede de la inversora), como así también en dos viviendas ubicadas en Castellanos, y Villa San Lorenzo, de la ciudad de Salta.