Condenaron a cinco concejales salteños más por cobrar el IFE: cuál es la pena

A instancia del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, cinco concejales de distintas localidades del interior de la provincia fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal N°1 a penas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia.

Bajo la modalidad unipersonal, el tribunal -con la intervención del juez Marcelo Juárez Almaraz- también absolvió a otros tres concejales, dos de ellos -Santos Palma y Julio Pedro Laxi, de las localidades de Animaná y Rivadavia Banda Norte- por pedido de la fiscalía, que los había imputado inicialmente por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

El tercero, Héctor Sebastián Cari, concejal de Guachipas, fue absuelto por el beneficio de la duda. La fiscalía, que lo había acusado como responsable del delito de defraudación a la Administración Pública, evalúa recurrir la decisión.

Las condenas dictadas en coincidencia con el pedido fiscal fueron para Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Gabriela Cazón, ediles de Pichanal, Urundel y Aguas Blancas, por el delito de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Cantarella y Cuellar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión. En los tres casos se impuso además la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, el edil de la localidad de San Lorenzo José Osvaldo Reynaga fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa. La fiscalía había solicitado que se le impusiera una pena de un año y medio de prisión condicional más tres de inhabilitación por la misma calificación penal que al resto.

Nicolasa Maras, concejal de Los Toldos, fue condenada al mínimo de la pena; recibió un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía había solicitado que se la condene a un año de prisión condicional y dos de inhabilitación.

De esta manera, concluyó el segundo juicio oral y público seguido a funcionarios públicos acusados por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia. En este caso, el debate había iniciado el 15 de febrero pasado y se desarrolló con una audiencia por semana.

Treinta casos se resolvieron mediante la aplicación de suspensión de juicio a prueba y 17, a través de conciliaciones. Estas medidas dejaron un saldo de donaciones de dinero por un total de 1.559.000 pesos, el cual se destinó a 45 entidades de bien público.