Causa por el cobro del IFE: concejales acusados harán tareas comunitarias

Todo se va aclarando y sigue generando indignación en la sociedad. Se trata de la audiencia de control de acusación seguida contra 25 exfuncionarios públicos imputados por delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes por el cobro irregular del ingreso familiar de emergencia (IFE). La mayoría llegó a un acuerdo.

La jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, homologó 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba. El fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, llevó adelante la presentación de los acuerdos arribados, fundamentó la aplicación y resaltó el esfuerzo realizado en este caso.

Por la pandemia, muchas de las audiencias fueron virtuales. De esta manera, otras defensas se sumaron a la lista de acuerdos, oportunidad en la que se debatió sobre las propuestas y se lograron superar requisitos de forma, lo cual dejó de manifiesto el valor de la oralidad, uno de los principios básicos del Código Procesal Penal Federal.

El fiscal y la jueza sugirieron y aceptaron la conformidad de un acuerdo expresado por una imputada vía WhatsApp. La mujer reside a más de 500 kilómetros, con lo cual se pudo formalizar el convenio y la acusada evitó el largo viaje para la firma. La jueza Catalano resaltó y agradeció el gran esfuerzo de la Oficina Judicial de la audiencia.

La audiencia del jueves, en realidad, se inició el 5 de julio pasado, cuando las defensas de los 25 imputados plantearon el sobreseimiento por distintos motivos, entre ellos la supuesta falta de tipicidad penal, lo cual fue rechazado de plano por la jueza, quien luego otorgó un cuarto intermedio para que las partes evalúen alguna salida alternativa.

El dinero que deberán aportar los acusados en concepto de donaciones será destinado a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.