Basta de violencia

El INADI cuestionó el accionar de algunos policías salteños durante la cuarentena

"La violencia institucional es una de las peores caras de la banalización de la problemática de la discriminación", reza parte del documento de la entidad que encabeza Gustavo Farquharson.

Mientras legisladores salteños piden informes al Ministro de Seguridad de Salta por el accionar policial en varios hechos en que se ejerció extrema violencia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), emitió un documento que cuestiona el alcance del Decreto 255/20 emitido en el marco de la cuarentena y que le dio una serie de capacidades a la policía salteña que en los últimos meses fue denunciada en repetidas ocasiones por abuso de autoridad y cometer actos que rozan la tortura a fin de que se cumplan las disposiciones nacionales emitidas en el marco de la emergencia.

Es en este decreto donde se establece que la persona interceptada incumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio o que "injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tenga por la causa la emergencia sanitaria" será sancionada con arresto hasta 60 días, multas o trabajo comunitario. Ello para el INADI implica que "a Policía de Salta dispone de las facultades de detención, juzgamiento, sentencia y aplicación de penas sin posibilidad de defensa, control judicial ni intervención de fiscales, contradiciendo las reglas del debido proceso legal y las garantías constitucionales reconocidas para todo proceso penal y contravencional".

En dicho documento, la entidad expresa su "preocupación por la potencial vulneración de los derechos de la población que habita o se encuentra en Salta, e insta a la prevención de la violencia institucional priorizando el enfoque de derechos". Luego señalan que "la situación socioeconómica de pobreza y exclusión social, la racialización, el rango etario y el género son variables amplificadoras de la desigualdad" y que "las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos se intensifican considerablemente para aquellas personas que se encuentran socialmente identificadas por estas variables. En este sentido, no es lo mismo ser joven que ser joven e indígena, o que ser joven, indígena y estar en situación de pobreza".

En otro fragmento del documento emitido por el organismo nacional, hacen referencia a que son precisamente las personas "que integran grupos históricamente vulnerados" quienes sufren en mayor medida este accionar policial. A quienes señalan como una parte de las fuerzas de seguridad "carentes de formación en materia de derechos humanos, que avasallan sus derechos y llevan a cabo detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas o -en los casos más extremos- femicidios, transfemicidios, travesticidios u homicidios".

Más adelante sentenciarán: "En este sentido, la violencia institucional es una de las peores caras de la banalización de la problemática de la discriminación. Por ello es fundamental el trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales en materia de prevención de la violencia institucional, teniendo en cuenta que muchas veces son los marcos regulatorios emitidos por los gobiernos los que habilitan a las fuerzas de seguridad a ejercer prácticas vulneratorias de los derechos y garantías de las personas".

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Comentarios

  • Y bueno pue

    El INADI siempre estará a favor de Leiva

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  • JULIO

    ME PARECE CORRECTO QUE EL INADI SE PREOCUPE EN VALORAR LA ACTUACION DE UNA INSTITUCION PROVINCIAL, PERO ESTO NO DEBE SER UNICAMENTE CON LA POLICIA SINO EN TODAS LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN DONDE TAMBIEN SE PRODUCEN ACTOS DE DISCRIMINACION, RACISMO EN CONTRA LOS EMPLEADOS,. EN DONDE LA XENOFOBIA ES UNA CONSTANTE. QUIERO DECIRLE AL TITULAR DEL INADI, QUE SOY REFERENTE DE UN MOVIMIENTO DE RETIRADOS Y PENSIONADOS POLICIALES Y PENITENCIARIOS Y QUE EN UNA REUNION QUE TUBIMOS ANTES DE QUE ASUMAN EL ACTUAL MINISTRO Y SECRETARIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA, LE ADELANTAMOS QUE LA POLITICA INSTITUCIONAL POLICIAL Y PENITENCIARIA ESTA DESBORDADA Y QUE NO SE CUMPLIAN LAS PAUTAS QUE DEBEN TENER ESTAS INSTITUCIONES HACIA LA SOCIEDAD, LE ADELANTAMOS LA FALLA OPERACIONAL DEL 911 Y LOS POSIBLES RIESGOS QUE OCURRIRIAN POR SU MAL FUNCIONAMIENTO Y MUCHAS SUGERENCIAS MAS SOBRE LA VULNERACION Y LA DECIDIA HACIA LOS DERECHOS CIUDADANOS. AHORA EL TIEMPO NOS DA LA RAZON. HAGO ESTE COMENTARIO PORQUE NO QUIERO QUE SE CASTIGUE O SE TOMEN MEDIDAS EN CONTRA EL PERSONAL POLICIAL NI PENITENCIARIO, PORQUE NO SON LOS RESPONSABLES. SERIA BUENO QUE TOMEN MEDIDAS CON LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y LAS JEFATURAS DE AMBAS INSTITUCIONES Y SE PROPONGA UNA CORRECTA POLITICA DE SEGURIDAD QUE BENEFICIEN A LA SOCIEDAD Y LOS COMPONENTES DE ESTAS FUERZAS DE SEGURIDAD, QUE EN MUCHOS DE LOS CASOS TIENEN UNA LOABLE VOCACION DE SERVICIO PERO LA MALA POLITICA HACE QUE NO LA CUMPLAN COMO ES DEBIDO Y COMO LAS LEYES Y DECRETOS LO DISPONEN. AL SEÑOR FARQUARSON LE DIGO QUE SOY UN OFICIAL JEFE RETIRADO DE LA POLICIA DE SALTA QUE ESTOY A SU DISPÓSICION MI CELU 156130413 Y QUE ESPERO QUE SU INTERVENCION SEA BENEFICIOSA A ESTAS INSTITUCIONES Y NO UNA CHICANA PARA HACER POLITICA Y NOTORIEDAD PARA LA GENTE. GRACIAS

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