Diputados le dio media sanción a la reforma de las jubilaciones de privilegio

Después de una pelea acalorada entre el oficialismo y la oposición, el proyecto para reformar las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos consiguió media sanción en la Cámara de Diputados. La aprobación se dio sin la presencia de los diputados de Juntos por el Cambio.

La iniciativa que giró el gobierno de Alberto Fernández se aprobó en la Cámara baja con 128 votos, mientras que hubo dos abstenciones de los diputados del Frente de Izquierda.

El oficialismo consiguió un minuto antes de las 13 horas los 129 legisladores necesarios y ya se debate el proyecto en la Cámara Baja. Sin embargo, el inicio de la sesión generó una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición, que aseguró que el quórum había sido conseguido de manera anómala.

Según Juntos por el Cambio, la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil por Alberto Fernández, es inválida. Tras una serie de decisiones, el interbloque presidido por Mario Negri se retiró del recinto.

"El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios. Es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial", apuntaron ayer los legisladores de la oposición después de una reunión frustrada con el Frente de Todos.

Entre las modificaciones que ya incorporaron al dictamen se decidió mantener la edad jubilatoria de mujeres judiciales en los 60 años -como hasta ahora- y elevar a 65 la de los varones, de forma escalonada, como estaba previsto.

Además, eliminaron el inciso que estipula la necesidad de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, aunque sostiene el requisito de haber trabajado, como mínimo, 10 años de corrido o 15 de manera discontinua.

A su vez, retocaron un artículo para clarificar la forma en que se van a calcular los aportes: fijaron que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones -de los últimos 10 años- actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Es decir, teniendo en cuenta los sueldos al valor actual y no lo que el funcionario percibió cuando desempeñó en dicha actividad.

Otro punto no menor es la eliminación del inciso permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.