Fraude y estafas en la ADP: Imputaron a Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó por los delitos de administración fraudulenta y estafas a Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, en su condición de Secretaria General y Tesorera de de la Asociación Docente Provincial - Salta, respectivamente.  Tenían a su cargo la conducción y administración del gremio pero al mismo tiempo, ejercían como fiduciarias del "Fideicomiso de Administración al costo "Virgen De Urkupiña I". Por ello, se las imputó por los delitos de

Por su parte, Raúl Dante Argañaraz -hermano de la primera nombrada- era fiduciario sustituto en la entidad y, luego, fiduciario. Mientras que Nicolás Demetrio Zissi, actuaba como asesor y encargado del Fideicomiso dentro dl gremio, era mandatario con poder especial y estaba autorizado para operar con las cuentas bancarias de la entidad.

En ese rol, dijo el fiscal, que los imputados realizaron intencionalmente actos tendientes a perjudicar los intereses que les fueron confiados en la ADP violando los deberes que se originaban en las funciones ejercidas por la Secretaria General y Tesorera. Distrayeron dinero y bienes de la institución y permitieron el usufructo gratuito de oficinas y el servicio del personal del gremio, a favor de una entidad de índole comercial, ajena al gremio, pero sobre la cual los acusados también tenían un interés en su desarrollo.

Así, entre otras maniobras, la ex Secretaria General, Patricia Argañaraz se transfirió gratis un inmueble de la Asociación Docente Provincial hacia el fideicomiso privado denominado Fideicomiso de Administración al costo "Virgen De Urkupiña I". 

También se detectaron numerosas fallas en el control interno y que "las rendiciones de salidas de dinero no contaron con documentación comprobatoria. En los registros de los movimientos de caja, se detectaron importantes inconsistencias en la continuidad de los movimientos diarios.

Entre otras irregularidades, un informe contable de abril de 2019, dio pruebas del mal manejo y administración, la falta de autorizaciones, y el manejo independiente de cada área (por ejemplo, para limpieza de baños de un día, facturaban $45.000, sin control alguno).