El INADI advierte que durante la cuarentena se potenció la discriminación en Salta

Inclusive es una revista nacional perteneciente al INADI donde se pueden leer artículos y postulados de especialistas sobre diversas problemáticas que atañen al organismo. Bajo el título "Discriminación, racismo y xenofobia en Salta: lo que la pandemia potenció", el delegado del organismo en Salta, Gustavo Farquharson, realizó un detalle pormenorizado de los flagelos que recrudecieron en la provincia norteña durante la pandemia de coronavirus.

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El artículo completo:

Discriminación, racismo y xenofobia en Salta: lo que la pandemia potenció

Al abordar la problemática de la discriminación en nuestro país y en la provincia de Salta en particular, conviene ser precisos: esta práctica existe y lo prueban los muchos tratados, convenciones y leyes que buscan erradicarla. De ello se desprende lo obvio: cotidianamente se violan derechos, y ello provoca el sufrimiento de aquellos que descubren la distancia entre la intención de esas leyes y los hechos.

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Enumerar los miles de casos que ocurren y los muchos sectores que lo padecen resulta imposible en este artículo. Sí diremos que ese maltrato recibió un fuerte impulso durante la pandemia del COVID-19, al menos en dos aspectos: la emergencia de actores que verbalizaron, sin complejos, lo que antes trataban de disimular, mientras una parte de la población toleró el acto discriminador.

Salta no ha sido ajena al proceso y dos sectores fueron los que más lo padecieron: migrantes y pueblos originarios. La cuarentena dificulta la elaboración de estadísticas precisas para cuantificar el incremento del fenómeno, pero la necesidad de ejemplificar la generalización nos desliza a identificar uno de los muchos pliegues de esta realidad lacerante: el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal fue objeto de varias denuncias ante la delegación del INADI de la provincia de Salta, por prácticas discriminadoras, entre febrero y junio del año 2020. En todos los casos, los denunciantes fueron migrantes y miembros de comunidades originarias.

La matriz que ocasiona la discriminación hacia cada uno de esos grupos no parece ser la misma, y la forma como se exteriorizó fue distinta. Detengámonos en lo último para resaltar lo siguiente: en el caso de los migrantes, tanto el acto discriminador como el tratamiento que ciertas noticias le dieron y los comentarios realizados por los lectores se realizaron sin complejo alguno, al señalar que la condición de "distinto" del discriminado ameritaba el trato diferencial. Mientras que, en el caso de los pueblos originarios, se manifestó -por lo general- algo que podríamos denominar como "silencio activo", en tanto existe un mayor cuidado para explicitar el sentimiento de superioridad de los "no indios" sobre el "indio", pero tolerando en los hechos la segregación que obtura el acceso de los pueblos originarios a derechos como la salud, la alimentación, la justicia, la educación o al agua misma.

Sobre la matriz del fenómeno, acá simplemente retomaremos enfoques que muchos especialistas adoptaron para explicarlo. Es indudable que la discriminación al migrante incluye un sentimiento de superioridad sobre el "otro", pero fundamentalmente opera en el salteño-blanco-criollo el miedo a perder el frágil lugar que ocupa en una provincia donde la precariedad arrebata o amenaza con arrebatar derechos que correrían un peligro mayor con el migrante que precisa acceder a los mismos por su condición de ser humano.

Insistamos, se trata de una situación de larga data y siempre fogueada por quienes, buscando evitar sus responsabilidades en el montaje de un modelo que excluye, señalan al extranjero como una amenaza para el trabajo y el acceso a los ser vicios de salud de los salteños nativos. La pandemia no eliminó el primero de los miedos y potenció el segundo, al tiempo que se asoció la potencialidad del contagio con el extranjero. Como señala el Mapa Nacional de la Discriminación en Salta 2013/ 2014: "En Salta un 13 % de la población se reconoce como migrante o hijo/a de migrantes y el 90 % de este grupo dice haber experimentado discriminación" (INADI, 2014, p.10).

Distinta es la matriz que origina la discriminación a las mujeres y hombres de las comunidades originarias, a las que el salteño-blanco-criollo parece dispuesto a aceptar como un connacional, aunque con estatus inferior. Dos elementos explican que la práctica resulte indisimulable en Salta: es la provincia con mayor población indígena del país según el censo 2010: posee el 6,5 % de la población total, porcentaje solo superado en Chaco, Formosa y Misiones, aunque la suma de la población indígena de esas tres provincias arrojaba un número 74.820 habitantes, cifra inferior a los 79.204 miembros de pueblos originarios censados en la provincia de Salta.

Entre las personas pertenecientes a pueblos indígenas (o descendientes) de Salta, un 87 % dijo haber experimentado discriminación alguna vez, según el Mapa.

Hay otro elemento importante: la mayoría de nuestra población originaria de Salta habita regiones en donde el avance de la frontera agropecuaria recibe críticas por los efectos negativos que tiene para esos pueblos; críticas que los grandes agentes económicos, funcionarios de Estado y parte de la sociedad desestiman con un prejuicio histórico: considerar al "indio" como alguien que se sienta sobre una riqueza que no aprovecha, por pereza incorregible e idiotismo rural.

En ambos casos, quien ejerce la discriminación se justifica apelando a un discurso que puede ser explicitado o no, pero que, en lo central, busca "demostrar" que el discriminado es un poco menos humano que el resto ("indio") o está asociado a la ilegalidad (migrantes) y por lo tanto puede ser objeto de una segregación que la ley condena, aunque la costumbre no.

Erradicar tales prácticas es un imperativo que depende de múltiples variables que aquí omitiremos para concentrarnos en los aspectos desarrollados en esta publicación. Digamos entonces que la aplicación de las leyes que sancionan la discriminación es fundamental, aunque reducir todo a lo punitivo es una forma, también, de decir que podemos ser buenos porque nos obligan a serlo. Generar conciencia e internalizar valores humanos resulta un objetivo estratégico. Hasta ahora, el movimiento ejecutado para alcanzarlo fue la capacitación de ciudadanos y futuros ciudadanos, a partir de sociedades civiles comprometidas y el sistema educativo formal y no formal. Habría que sistematizar también la formación y capacitación de aquellos que están obligados a promover todo el derecho que hasta ahora se ha producido: los jueces, los legisladores y los administradores ejecutivos del Estado. Construir una sociedad mejor sigue estando en nuestras manos.