Estos son los políticos salteños imputados por el cobro irregular del IFE

Una audiencia histórica dio inicio al proceso judicial que evaluará las sanciones correspondientes a todos aquellos políticos y funcionarios que participaron en las irregularidades detectadas sobre el bono de 10 mil pesos del ANSeS. En la primera tanda, el fiscal federal Ricardo Toranzos imputó a 18 personas: 17 concejales y un funcionario.

Los primeros avances de la investigación, tras que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) brinde los informes detallados, comienzan a tener efecto. Actualmente, luego de una impecable labor del programa radial Sapo de Otro Pozo en FM Noticias (88.1), se concretó la imputación de:

1. Jesús Ernesto Cuellar, concejal de Urundel. 2. Luis Carlos Coronel, concejal de El Carril. 3. Paola Sandra Cantarella, concejal Pichanal. 4. Maria Del Valle Torres, concejal de Rivadavia banda Norte. 5. Fernando Leandro Gerónimo, concejal de Payogasta. 6. Gabriela Elizabeth Cazón, concejal de Aguas Blancas. 7. Franco Marcelo Córdoba, concejal de San Antonio de los Cobres. 8. Melisa Mónica González, concejal de San Lorenzo. 9. Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 10. Marta Beatriz López, concejal de Orán. 11. Ricardo Alberto Díaz, concejal de Colonia Santa Rosa. 12. Nicolasa Maraz, concejal de Los Toldos. 13. Nancy Valeria Quiroga, concejal de Santa Victoria Oeste. 14. Jimena Antonieta Ordóñez, concejal de Agauray. 15. Javier Hector Chauqui, concejal de Angastaco. 16. Alexandra Ludmila Borujow, concejal de El Quebrachal. 17. Hector Rogelio Fernández, concejal de El Quebrachal. 18. Ninfa Noemí Rojas, concejal de El Quebrachal.

El fiscal destacó la importancia del IFE, el cual fue puesto en vigencia a partir del decreto de Necesidad y Urgencia 310 de 2020, el cual habilitó el pago excepcional de un monto de 10 mil pesos para personas que, debido a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, habían resultado afectadas por las medidas sanitarias que adoptaron por este motivo.

El beneficio estaba dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellos que tenían ingresos precarios, monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares, entre otras.

Señaló que las pruebas producidas dejaron en claro no sólo los trámites que realizaron, sino el medio por el cual cobraron irregularmente tal beneficio sin importarle que tal subsidio, que significó un desprendimiento importante de los fondos del Tesoro Nacional, estaba dirigido en realidad a las personas más vulnerables.

Al identificar uno por uno a los imputados, el fiscal señaló el medio de pago por el cual los acusados percibieron los pagos del IFE, como así también señaló el sueldo que percibía cada uno de ellos, sumas que oscilaban entre los 20 y 60 mil pesos.

"Se trata de un hecho repudiable desde todo punto de vista", destacó el fiscal.

En su turno las defensas, tanto oficial como particular, coincidieron en rechazar el monto del embargo, el cual consideraron excesivo, como así también solicitaron un plazo de investigación de 90 días, en vista de que muchos de los acusados reservaron su declaración para otra etapa del proceso.

Asimismo, muchos de los acusados, a través de sus defensas, informaron que ya restituyeron el dinero percibido a través del IFE, uno de ellos, por ejemplo, señaló que el trámite fue realizado por su ex pareja, sin su consentimiento, por lo cual al tomar conocimiento del cobro del mismo, decidió adquirir mercadería que entregó a un comedor de su localidad.

Al momento resolver los distintos plante, en tanto, el juez dispuso primero término formalizar la imputación penal tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado es bastante "sólido y provisto de numerosa prueba documental", no obstante y respecto al plazo de investigación optó por que el mismo sea de 90 días, mientras que redujo el embargo a la suma de 60 mil pesos.