Cuenta regresiva para Prado: se viene el Juicio Político por el gasoducto robado

Se complica el panorama de Jorge Enrique Prado al frente del Ejecutivo de Aguaray. Hoy, los concejales confirmaron la formulación de cargos, la acusación y la imputación del intendente como principal responsable político de las causales de mal desempeño de su cargo como funcionario público en perjuicio del Estado Nacional.

Con esto, el dictamen del Juicio Político se sostiene y Prado deberá presentar su descargo o defensa ante el cuerpo deliberativo. El principal argumento de los ediles fue: "La falta de respuestas por parte del Ejecutivo en la emisión de la Resolución Municipal 1215/19 y la falta de respuestas del mismo en otras solicitudes".

Cabe recordar que Prado, manifestó que fue por decisión de él que ninguno de sus funcionarios se presentó ante la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante. Por todos los medios, el jefe comunal intentó evitar al cuerpo de ediles, pero su suerte no fue la misma que en la Cámara de baja. Mientras los diputados no quisieron tratar el Proyecto de Intervención, incluso cuando este integró el Acta de Labor Parlamentaria, los concejales si dejaron a Prado a un paso de la destitución.

El Concejo Deliberante de Aguaray, se compone de 7 miembros, 4 pertenecen a la oposición: Guillermo Aleman, Jimena Ordoñez, Juan José Sarzur y Sandra Fernandez; y 3 del oficialismo cercanos a Prado: Sergio Nieva, Zarzuri María Inés y Raúl Padilla. Para la destitución es menester contar con los 2/3 del cuerpo, es decir, 5 votos, y es por esto que vecinos de Aguaray apelan a la sensatez de sus representantes más allá de las banderas y los líderes políticos.

Según pudo confirmar este medio, el bloque de Prado se dirime entre el silencio y el argumento de que la extracción de caños del gasoducto NEA, responde a un "saneamiento ambiental", lo cual ya fue descartado por todos los especialistas, además de que no existe informe o estudio alguno que documente una remota afectación. A la fecha, existen estudios y procedimientos que se deben respetar a la hora de determinar un daño ambiental.

"Una acción de estas características -refiriendose a la extracción del gasoducto- exige las gestiones previas de consulta legal y técnica para justificar las medidas de prevención del riesgo ambiental", sostuvo Sandra Carral Garcín, ingeniera y columnista ambiental de Cuarto.

A su vez, el secretario de Minería y experto en Geología, Ricardo Alonso, descartó el argumento del saneamiento. "Es una obra federal, y más allá de que se hayan sacado los caños con el pretexto de que es una cuestión ambiental, ahí no hay ninguna cuestión ambiental", sostuvo.

Nieva, Padilla y Zarzuri tendrán que reforzar el discurso si quieren sostener a Prado, aun a riesgo de ponerse de espaldas al pueblo de Aguaray que espera encontrar claridad en lo que para la Justicia Federal representa uno de los robos más importantes de los últimos tiempos, el robo del gasoducto NEA.