Advierten que Argentina caería en un nuevo "default" parcial en los próximos meses

El coronavirus se llevó puesto a varios países y Argentina no iba a ser la excepción. La economía de nuestro país atraviesa momentos críticos. La decisión que tomó Alberto Fernández de aplazar hasta el 2021 el pago de varias emisiones de bonos que vencían este año, dejó al país al borde del default parcial.

El análisis que informaron los principales economistas es muy poco alentador. Se trata de bonos en divisa estadounidense emitidos bajo legislación argentina y su importe ronda los 10.000 millones de dólares. Con la renegociación general de la deuda aplazada por la pandemia, Martín Guzmán parece reservar los escasos dólares de que dispone para el pago de los bonos que se atienen a la legislación extranjera (entiéndase neoyorquina): un default en esos bonos supondría la apertura automática de pleitos y, probablemente, la irrupción de los llamados "fondos buitre" (los que invierten en deuda considerada impagable y buscan resarcimiento en los tribunales). Con los bonos bajo ley argentina ese riesgo es menor, aunque entre los damnificados por el aplazamiento figuran grandes fondos internacionales, como Fidelity y Pimco, indicó El País.

El jueves y viernes de la pasada semana, los bonos bajo ley argentina se vendían en torno al 30% de su valor nominal, es decir, a precios en los que se daba por supuesto un default.

Por el momento resulta imposible estimar el impacto que el coronavirus tendrá sobre el cuadro macroeconómico de un país en recesión desde 2018, cuando recibió del Fondo Monetario Internacional una ayuda de 57.000 millones de dólares. La cantidad percibida del préstamo, unos 44.000 millones, no podrá ser devuelta en los plazos previstos. Por otra parte, la caída de la recaudación fiscal se compensará con emisión de billetes por parte del Banco Central, lo que puede agudizar una inflación que antes de la pandemia superaba el 50% anual. Algunos economistas temen que el frenazo de la economía y el aumento del gasto público necesario para asistir a las familias que se han quedado sin ingresos pueda suponer una contracción superior al 4,5% del Producto Interior Bruto.

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