Política
La Justicia en el banquillo

Las ambiciosas reformas judiciales que proponen Alberto y Sáenz

En ambos casos cuenta como aliado la sociedad. La creen una corporación que solo atiene y favorece a los poderosos.

Periodista

Apenas asumidos, con menos de 100 días en sus cargos y pese a la dramática situación económica que deben enfrentar, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Sáenz coinciden en priorizar ambiciosas reformas judiciales.

En el ámbito nacional, la reforma apunta a limitar el poder de los jueces federales con despacho en los tribunales de Comodoro Py a partir de su unificación con unos 40 magistrados de los fueros Penal Económico y Correccional Criminal y a concretar el paso del Sistema de Instrucción (investiga y juzga el juez) al Sistema Acusatorio (investiga el fiscal y juzga el juez). Solo el presidente sabe si esos cambios y la modificación del régimen jubilatorio de los magistrados son para mejorar la prestación del servicio de justicia o, por el contrario y como advierten quienes se oponen a estas iniciativas, para garantizar la impunidad de ex funcionarios con causas penales y construir un nuevo poder político.

En el ámbito provincial, donde ya rige desde hace años el Sistema Acusatorio, los cambios impulsados desde el nuevo gobierno no son menores: reforma de la Constitución y ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia. Solo el gobernador sabe si esos esos cambios son para mejorar la prestación del servicio de justicia o, por el contrario y como advierten quienes se oponen a esta iniciativa, para garantizar la impunidad de ex funcionarios con causas penales y construir un nuevo poder político.

En cualquier caso y pese a las críticas de ocasión, ambos cuentan con un aliado poderoso: la ciudadanía, que descree de la justicia y la considera una corporación que solo atiende y beneficia a los poderosos.

Solo a modo de ejemplo y elegidos al azar entre cientos de informes e investigaciones disponibles en Internet o en una hemeroteca, un par de encuestas reflejan ese malestar ciudadano frente al Poder Judicial. En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, un estudio de la consultora Voices! y del que participaron la Universidad Austral, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad de Palermo y la Universidad del Salvador calculó que "el 76% de los argentinos desconfía de la justicia". Antes, en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner, un reporte de la consultora Isonomía estimó que "el 73% confía poco o nada en la justicia".

La gente no es tonta, sabe por larguísima experiencia propia que el servicio de justicia es deficiente en el país: en el mejor de los casos es burocrático y lento y en el peor de los casos es desigual, inapelable para el hijo de vecino y condescendiente con el poderoso. La Chacarera del Expediente del Cuchi Leguizamón y el mismísimo Martín Fierro de José Hernández dan cuenta de esta histórica situación.

Una causa penal conocida como "de los intendentes" confirma la pasividad judicial frente al poder político. Rubén Corimayo de Cerrillos, Sergio Ramos de Rosario de Lerma y Jesús Armando Guaymas de Campo Quijano junto a varios de sus familiares y colaboradores fueron denunciados en 1996 por el delito de Fraude a la Administración Pública y Defraudación a la Dirección General de Rentas. "Después de 20 años de incontables recursos de apelación e impugnación, la causa fue archivada y sin sentencia porque los jueces entendieron que se vencieron los plazos razonables para dictar sentencia" recordaron desde el propio Poder Judicial. Todos los acusados fueron exculpados.

A esta percepción de "injusticia" en Salta se suma la seguridad de que el Poder Judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo. No le falta razón: con honrosas excepciones, los magistrados ostentan sin disimulo vínculos con el poder político.

Las autoridades de la Corte de Justicia poseen notables antecedentes en el ámbito político que ponen en duda su independencia de criterio: el presidente Guillermo Catalano fue secretario general de la Gobernación, asesor de los bloques del Partido Justicialista y de las presidencias de Diputados y del Senado y además ejerció la representación legal del PJ; el vicepresidente primero Ernesto Samsón ocupó distintos cargos en la Fiscalía de Estado y fue secretario general de la Gobernación; el vicepresidente segundo Fabián Vittar fue prosecretario del Senado, concejal y diputado por el Partido Renovador.

Los otros integrantes de la Corte de Justicia tienen vínculos políticos similares. Sandra Bonari fue asesora del bloque del PJ y de la presidencia de Diputados, diputada, asesora legal del Poder Ejecutivo, presidenta del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría General de la Provincia y directora del Ente Regulador de los Servicios Públicos; mientras que Teresa Ovejero y Pablo López Viñals, sin antecedentes en el Poder Ejecutivo, están vinculados con el ex gobernador Juan Manuel Urtubey y fueron los principales promotores de las iniciativas judiciales de su gobierno como la aplicación del Voto Electrónico y del Sistema Acusatorio y la desfederalización del combate al Microtráfico de Drogas.

Y los ahora propuestos por el gobernador Gustavo Sáenz para llevar de siete a nueve los miembros del máximo tribunal no le van en saga: Horacio Aguilar fue asesor "en asuntos relacionados con el Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos" del anterior gobierno y representó legalmente a Urtubey en asuntos privados. Es amigo personal del ex gobernador y, además, representó legalmente al propio Sáenz cuando el año pasado su ocasional adversario electoral Sergio Leavy amenazó con denunciarlo por manejos corruptos en la Municipalidad de Salta; las otras postuladas Adriana Rodríguez Faraldo y María Alejandra Gauffín tienen importantes y meritorias carreras judiciales pero, también, vinculación política: la primera es esposa del secretario legislativo del Senado, Guillermo López Mirau, y la segunda es hermana del ex secretario de Hacienda de la Municipalidad, Pablo Gauffin. La prensa dio sobrada cuenta de esos vínculos políticos. El portal web La Gaceta Salta indicó que cuando su pliego para jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial fue enviado al Senado, Rodríguez Faraldo debió ser entrevistada por López Mirau y el diario El Tribuno recordó el polémico concurso judicial en el que Gauffin fue evaluada con un caso resuelto por el tribunal que ella misma integra, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Esa contaminación política alcanza a los fiscales de la Corte de Justicia: Eduardo Sylvester fue director de la Agencia Antidrogas, secretario y ministro de Seguridad, ministro de Gobierno y fallido candidato a diputado provincial; y Patricia Di Paolo accedió a su cargo a través de un concurso que según versiones de la Ciudad Judicial reflejadas oportunamente por la prensa "estaba armado para ella" y "bajo sospecha de acomodo". El vergonzoso enroque entre López Viñals y Abel Cornejo de la Procuración a la Corte y de la Corte a la Procuración mancha, de igual modo, la percepción de la justicia en la provincia.

Una incalculable cantidad de ex funcionarios políticos (y de sus familiares) que ocuparon cargos judiciales en los últimos años excede las posibilidades de este artículo periodístico.

El Poder Judicial, argentino y salteño, merece una profunda reforma que garantice el elemental derecho de acceso a la justicia de todos los habitantes de este suelo. Derecho que no se garantiza con la presencia de dos jueces más en el máximo tribunal provincial.

"No nos oponemos a la ampliación de la Corte pero creemos que hay otras prioridades" aseguró Oscar Lafuente, secretario de la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Entre esas prioridades mencionó la necesidad de constituir y poner en funcionamiento una decena de juzgados, fiscalías y asesorías creadas por ley y todavía pendientes: juzgados Civil y Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Cachi y de Embarcación; Civil y Comercial de Tartagal y de Ejecución y Detenidos de Orán; de Garantías 3 de Metán, Orán y Tartagal; Sala I y Sala VIII del Tribunal de Juicio de Metán y de Salta; Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta y los casi 20 Juzgados de Paz Letrados para distintos puntos de la provincia.

Según contó el dirigente gremial, actualmente un empleado judicial recibe y atiende por año entre cuatro y cinco mil expedientes. "Se necesitan más juzgados, más fiscalías y más defensorías para poder cubrir como corresponde todo el territorio provincial" indicó y, obvio, reclamó mayor dotación de personal.

"Con el viejo Sistema de Instrucción Penal cada investigación estaba a cargo de un juez con dos secretarios y dos prosecretarios y una quincena de empleados judiciales" recordó Lafuente y comparó que "ahora con el Sistema Acusatorio un fiscal con dos auxiliares y no más de cinco empleados debe hacer la misma instrucción de la causa".

Apenas asumidos, con menos de 100 días en sus cargos y pese a la dramática situación económica que deben enfrentar, el presidente Fernández y el gobernador Sáenz coincidieron en priorizar ambiciosas reformas judiciales. Ellos saben si buscan "afianzar la justicia" como manda la Constitución Nacional y "exaltar la justicia y los demás derechos humanos" como ordena la Constitución Provincial o si, muy por el contrario, solo quieren consolidar sus liderazgos políticos.

Esta nota habla de:
6Comentarios
  • A
    aby

    Aguante los peronistas

    Ver más

    09/03/20
    0
    0
    Responder
  • Z
    Zelia

    Adelante con la reforma judicial no se puede tener una corporacion de jueces corruptos

    Ver más

    09/03/20
    0
    0
    Responder
  • Y
    y

    Muy simples: jueces y fiscales "Amigos" para que los salven de las causas de corrupción. nada más ni nada menos..es lo que estamos viendo de todos los saqueadores de la argentina, que van saliendo en libertad..chorros, mafiosos, politicos, sindicalistas, amigos del poder..etc.etc.

    Ver más

    09/03/20
    1
    1
    Responder
  • LP
    Luco Peña

    Este Sáenz es in payaso incapaz y manejable. No hay nada q justifique q una provincia chica como salta tenga una corte de justicia de 9 miembros. Y el lo impuso de la noche a la mañana. Junto con legisladores totalmente incapaces. Q ascoooo

    Ver más

    09/03/20
    3
    1
    Responder
  • NB
    Negros Blancos

    nada mas lindo y gracioso que kukas haciendose los desentendidos de la justicia, de la que no van a escapar es de la popular...faltan do años y se cumple Parravicini!!!

    Ver más

    08/03/20
    2
    2
    Responder
  • EGL
    El Gaucho Lunari

    El artículo me dejó mudo como loro recién comprado.

    Ver más

    08/03/20
    0
    0
    Responder

Tu comentario

Nombre