Salteña quería ser mamá por fertilización "in vitro" y la Justicia se lo negó

La Justicia salteña no hizo lugar a una acción de amparo promovida por una afiliada para que el Instituto Provincial de Salud -IPS- brinde cobertura total del costo de nuevos tratamientos de fertilización in vitro.

La mujer tiene diagnóstico de esterilidad y accedió a la cobertura de tres tratamientos en forma previa a presentar la acción de amparo. Pretendía por la vía de la acción de amparo que se le autoricen nuevos tratamientos superando la cantidad de tratamientos previstos en la Ley Provincial 7964.

Recordó el juez que la Corte de Justicia de Salta resolvió en agosto de 2017 que "el reconocimiento del derecho a la salud parte de concebir al hombre y a la mujer como unidad biológica, psicológica y cultural, en relación con su medio social y esto implica proteger y garantizar el equilibrio físico, psíquico y emocional de las personas, según la Organización Mundial de la Salud. La protección que garantizan las normas y preceptos constitucionales no puede estar condicionada a la inclusión o no de los tratamientos en los programas médicos. Ello es así porque el ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos no necesita justificación alguna, sino por el contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada".

A nivel nacional, la Ley 26.862 establece quiénes se encuentran obligados a brindar la cobertura, la cantidad de tratamientos a los que una persona puede acceder y cuáles son las prácticas que se encuentran incluidas.

A nivel provincial la Ley 7.964 regula el uso de técnicas de reproducción humana asistida. En su artículo 9 esta norma expresa: "Las técnicas de reproducción humana asistida podrán realizarse con la siguiente frecuencia: para las técnicas de baja complejidad, hasta un máximo de cuatro intentos por año. Para las técnicas de alta complejidad, hasta tres tratamientos en total, con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos...".