Desmontes y ventas confidenciales de una Reserva Natural salteña

Esta historia comienza en el año 1995, cuando el gobierno de Juan Carlos Romero decidió convertir en Reserva Natural Provincial los lotes 32 y 33. Esta decisión protegía un área única situada en General Pizzarro. Cuando todo parecía un intento de preservar una importante cantidad de tierras, la misma gestión promulgo una ley aprobada por el Poder Legislativo Provincial en el que la reserva, pasaría a transformarse en un ambicioso negocio.

En abril de 2004, luego de desafectar los mencionados lotes, el Gobierno de Salta, en manos del actual senador Nacional, dio inicio a un remate que trajo demasiadas confusiones. El concepto de "desarrollo industrial" ponderó el negocio ganadero, como así también el cultivo de la soja. Entre los actores, aparece una firma de origen tucumano, Courel S.A., Ganadería Cabure S.A., Miguel Ragone y MSU.

El escandalo estalló cuando la Universidad Nacional de Salta (UNSa) elevó un informe que dio luz a las irregularidades en el lugar. Acto seguido, aparte del remate y la posterior venta de las fracciones de tierra, se dio curso a un desmonte sin precedentes que acabó con gran parte de la vida silvestre de ese lugar. Mientras la mayoría de los intervinientes desistieron, Courel S.A. resistió los escraches de diversas ONG. A posterior y con el daño concretado, la firma del empresario Manuel Alberto Courel, apartó su ambición de los lotes.

Ya en el gobierno de Juan Manuel Urtubey, el mandatario envió un proyecto de cesión para que las tierras en cuestión se convirtieran en una Reserva Natural Nacional. Entre las idas y vueltas, y la poca disposición de los representantes salteños en el Congreso Nacional, pasaron más de 8 años para que se tomen cartas en el asunto, mientras tanto, diversos informes señalaron que la actividad de las topadoras no cesó.

Además del daño ambiental, el informe realizado por la casa de altos estudios remarcaba el riesgo geológico que suponía la destrucción de este bosque; señalando las inundaciones como un riesgo inevitable, entre muchos otros.

En el año 2015, se promulgó la ley que dio el título de Reserva Nacional al área de los lotes 32 y 33, protegiendo casi 8 mil hectáreas. Aun así, el remate se consumó y 3 actores principales se vieron envueltos en el escándalo.

Según publicó La Nación, uno de los primeros en desistir de la venta de los terrenos fue Miguel Ragone. Su administrador por aquel entonces, Carlos Ortiz de Zarate manifestó "como no nos gusta generar discordia preferimos desistir de la compra". La firma MSU, de Manuel Santos Uribelarrea dejó atrás el proyecto agrícola-ganadero y vendió las tierras "para evitar problemas mediáticos". Lo cierto es que MSU no quiso informar quien fue el comprador de las tierras en cuestión.

De la misma forma, amparándose en una cláusula de confidencialidad, Courel S.A. se negó a brindar los datos de quien habría sido el comprador de su tajada, "estoy fuera del asunto", sentenció Manuel Courel. El referente de Greenpeace, Emiliano Ezcurra se mostró sorprendido por el silencio de los empresarios y aseguró que desde MSU lo llamaron "para comunicarle que le transferían las tierras a Manuel Alberto Courel", algo que el abogado tucumano negó enfáticamente. El mismo medio informó que la venta quedó en manos de la firma Everest de Alvaro Domingo Cornejo.

Si bien existieron diversas presentaciones en la Justicia, nadie se hizo responsable por las irregularidades en el remate y las posteriores ventas de las que participaron las empresas mencionadas sobre las tierras de Pizzarro. De igual forma, no se delimitó responsabilidad alguna sobre el daño ambiental perpetrado en el traspaso de lo que fue una Reserva Provincial, a una Reserva Nacional. 

Asimismo, cabe recordar una publicación de Semanario Cuarto Poder detallando la designación del ex activista Emiliano Ezcurra, en el directorio de Parques Nacionales junto a Eugenio Indalecio Breard.