Por decisión del bloque del PJ, se postergaría el freno al tarizafo en el Senado

En medio de la "tubulencia" cambiaria, el aumento de las tarifas de luz y gas sigue en el centro de la escena política. Tras aprobarse en Diputados el proyecto para frenar la suba de los servicios públicos, los senadores peronistas le arrojaron un salvavidas al Gobierno y al anunciar que el debate en la Cámara alta se retrasará al menos por una semana.

Por lo pronto, el Bloque Justicialista del Senado pospondrá la firma del dictamen de su proyecto sobre tarifas e instó al Gobierno a que en ese lapso haga una "propuesta superadora que implique una disminución real de los aumentos".

La iniciativa comenzará a tratarse hoy en un plenario de comisiones pero la bancada que encabeza Miguel Ángel Pichetto esperará hasta el martes de la semana próxima para firmar el dictamen, con lo que le abrió una puerta al Gobierno para buscar un punto intermedio.

"Hasta ese momento el Gobierno tiene tiempo para hacer una propuesta superadora, razonable y que implique una disminución real en los aumentos", lanzó el ignifugo rionegrino en los pasillos del Senado.

Sin embargo, los senadores oficialistas también anticiparon que echarán mano a los gobernadores para sumarlos a la discusión. El interbloque Cambiemos del Senado reclamará este miércoles la presencia de los mandatarios de varios distritos para discutir el proyecto.

La carta del oficialismo llega luego que gobernadores peronistas como el cordobés Juan Schiaretti y el chaqueño Domingo Peppo, entre otros, remarcaron su oposición al proyecto para aplacar las tarifas. Mientras Schiaretti opinó que "el Senado no debe aprobar la Ley", el chaqueño mencionó que "no es bueno que se pretenda decidir sobre atribuciones exclusivas del Ejecutivo provincial".

Lo cierto es que este miércoles desde las 14 las comisiones de Derechos y Garantías, Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda comenzarán a debatir la propuesta en un plenario citado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

El proyecto impulsado por la oposición retrotrae las tarifas a diciembre de 2017 y establece que, en el caso de los usuarios residenciales, se puedan actualizar en base a la variación salarial. Además, para el caso de las pymes, la actualización se definirá sobre la base del índice de precios mayoristas del INDEC.