La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos aseguró que se trata de un delito de orden financiero nacional por lo que debe ser investigado por la Justicia Federal por ley.
Tras la sospecha que la financiera funcionaba con fondos de los servicios adicionales de la Policía, el Secretario de Seguridad admitió que muchos pagos se hacían en efectivo y a último momento.
Son más de 40 las personas que figuran en el expediente, muchas de las cuales vendieron sus pertenencias, hasta vehículos, o pidieron préstamos en otras entidades.
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