Por qué el Gobierno declaró al transporte aéreo como servicio esencial
Las obligaciones que deberán cumplir las empresas aéreas.
En una medida significativa para el sector aéreo, el presidente Javier Milei firmó el viernes el decreto 825/2024, publicado en el Boletín Oficial, que declara oficialmente a la aeronáutica civil y comercial como servicio esencial. Esta decisión busca garantizar la continuidad de los servicios aéreos y minimizar el impacto de las medidas de fuerza en la actividad.
El decreto establece que los conflictos colectivos de trabajo y las medidas de acción directa que interrumpan total o parcialmente la actividad aeronáutica, tanto pública como privada, deben adherirse a las nuevas regulaciones. Esto incluye actividades de inspección, habilitación y certificación por parte de la Autoridad de Aplicación.
Según la normativa, cualquier intento de llevar a cabo medidas de fuerza deberá ser notificado con una anticipación mínima de cinco días. Además, las partes involucradas deben acordar los servicios mínimos que se mantendrán durante el conflicto dentro de las 24 horas posteriores a la notificación. Si no se alcanza un acuerdo, la Autoridad de Aplicación definirá los servicios mínimos necesarios en un plazo de 48 horas, garantizando al menos el 50% de la actividad normal para asegurar la conectividad en rutas críticas.
El decreto también detalla que las empresas y prestadores de servicios deben garantizar la ejecución de estos servicios mínimos y comunicar a los usuarios las modalidades de prestación durante el conflicto, incluyendo los tiempos y la forma de distribución.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que esta medida fue elaborada en colaboración con Federico Sturzenegger y que su implementación será supervisada por el Ministerio de Capital Humano. "Desde Capital Humano buscamos proteger a los miles de argentinos afectados por las interrupciones en el sector aeronáutico", afirmó Cordero.
La decisión del Gobierno ha generado controversia entre los sindicatos aeronáuticos, que consideran la medida como "arbitraria e ilegal", advirtiendo que compromete la responsabilidad de los funcionarios. Los sindicatos también cuestionaron la prohibición de realizar asambleas que interfieran con la prestación normal de los servicios.
La nueva reglamentación surge tras un paro de 9 horas liderado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que afectó a 15.000 pasajeros en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. El paro fue impulsado por un desacuerdo sobre un aumento salarial del 25% solicitado por los gremios. Aerolíneas Argentinas reportó la afectación de aproximadamente 150 vuelos debido a estas medidas de fuerza.
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