Escándalo laboral: Manaos debe pagar $807 millones a un empleado despedido

La empresa Refres Now SA, fabricante de la gaseosa Manaos, enfrenta una de las condenas laborales más altas de los últimos años en Argentina. La Justicia ordenó que le pague $807.676.293,72 a un viajante de comercio que trabajaba para la firma.

El monto corresponde a una indemnización por despido que, según resolvieron los tribunales mendocinos, se produjo en un contexto de fraude laboral contra el trabajador de San Rafael.

La cifra podría seguir aumentando, ya que se le suman intereses desde abril de 2025 hasta que se realice el pago efectivo.

La última jugada de Manaos

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la empresa decidió jugar su última carta judicial. Presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar reducir o revertir la condena.

El abogado de la firma, Diego Díaz, confirmó la presentación y explicó que el planteo apunta a dos cuestiones centrales.

Por un lado, buscan reducir la tasa de interés aplicada en el cálculo de la indemnización.

Sobre ese punto, fue claro:
"La tasa de interés sigue siendo alta y pedimos que se reduzca".

El acuerdo que generó el conflicto

El otro eje del reclamo apunta a un acuerdo firmado en 2018 entre el trabajador y la empresa ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

En ese momento, el empleado recibió $236.000 como liquidación final e indemnización por la finalización del vínculo laboral.

Sin embargo, la Justicia consideró que ese acuerdo fue irregular. Los jueces entendieron que se trató de una maniobra fraudulenta, ya que el viajante continuó trabajando durante cuatro años más realizando las mismas tareas.

Según el fallo, el objetivo habría sido sacarlo del régimen de viajante de comercio y registrarlo bajo otro convenio más conveniente para la empresa.

Qué dice la empresa

Desde Manaos sostienen una versión completamente distinta. Afirman que el acuerdo fue firmado de mutuo acuerdo, homologado por la autoridad laboral y que, por lo tanto, no debería ser revisado años después en un juicio.

Además, argumentan que el cálculo de intereses terminó generando un monto desproporcionado.

La defensa también sostiene que el fallo judicial afecta garantías constitucionales y que el monto final representa un despojo patrimonial injustificado.

Ahora decide la Corte Suprema

Con el recurso presentado, el futuro del caso quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jueces deberán decidir si aceptan analizar el expediente y si corresponde revisar el monto de la condena.

Si el máximo tribunal rechaza el planteo, la empresa deberá pagar la suma fijada por la Justicia mendocina.

Qué significa este caso

El juicio generó repercusión en todo el país por el tamaño de la indemnización y por el debate que abre sobre los acuerdos laborales.

Para muchas empresas y trabajadores, lo que resuelva la Corte podría influir en cómo se revisan acuerdos de conciliación firmados años atrás y cómo se calculan las indemnizaciones laborales.