Nueva Ley Penal Juvenil: penas, edad, prisión y los principales cambios desde septiembre

Argentina se prepara para un cambio sustancial en su régimen penal juvenil. A partir del 5 de septiembre entrará en vigencia la Ley 27.801, que derogará el decreto-ley 22.278, vigente desde 1980, y establecerá nuevas reglas para los adolescentes que sean investigados por delitos.

Durante el tratamiento legislativo, buena parte de la discusión pública estuvo concentrada en la edad mínima de punibilidad. Sin embargo, la nueva legislación contiene 53 artículos que modifican aspectos mucho más amplios del sistema.

Desde las alternativas a una condena hasta la duración máxima de las penas, pasando por la situación de las víctimas y las condiciones bajo las cuales un adolescente puede ser privado de su libertad.

No todos los adolescentes que cometan un delito irán presos

Uno de los puntos centrales es que la privación de la libertad aparece como la sanción más severa dentro de un catálogo que contempla otras alternativas.

Entre ellas se encuentran la amonestación, prohibiciones de contacto o concurrencia a determinados lugares, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño. Además, para determinados delitos existen mecanismos que pueden evitar que el caso termine en una condena.

Por ejemplo, ante un robo simple como el arrebato de un celular sin utilización de armas, podrían aplicarse diferentes alternativas dependiendo de las características del caso: criterio de oportunidad, mediación penal o suspensión del juicio a prueba. La gravedad de la violencia ejercida, la existencia de antecedentes y otras circunstancias serán determinantes.

¿Qué ocurre si el delito fue cometido con un arma?

El panorama cambia considerablemente frente a hechos más graves. Un robo cometido con arma de fuego, cuya escala penal prevista para adultos comienza en cinco años y puede alcanzar los 15, queda fuera de algunas de las principales salidas alternativas contempladas por el nuevo régimen.

En esos casos puede aparecer la privación de libertad, aunque esto tampoco significa necesariamente el alojamiento inmediato en un establecimiento cerrado.

La ley contempla tres modalidades: domicilio, instituto abierto e instituto especializado. El juez deberá fundamentar la elección correspondiente.

Homicidios: se prohíben las penas perpetuas

Uno de los cambios fundamentales está relacionado con los delitos más graves. La nueva legislación prohíbe expresamente imponer prisión o reclusión perpetua a quienes fueran menores al momento de cometer el delito.

La pena tendrá un máximo de 15 años, incluso ante la concurrencia de varios hechos. La modificación se vincula además con el fallo Mendoza y otros vs. Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había cuestionado la aplicación de penas perpetuas por delitos cometidos durante la minoría de edad.

Cumplidos dos tercios de la condena, bajo determinadas condiciones, el tribunal podrá convertir el período restante en penas no privativas de libertad.

¿Qué pasa cuando el adolescente cumple 18 años?

La ley también regula una cuestión especialmente sensible: qué sucede con un joven privado de su libertad cuando alcanza la mayoría de edad. Al cumplir 18 años podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario para adultos.

Sin embargo, podrá solicitar permanecer temporalmente en el instituto especializado cuando se encuentre realizando un tratamiento o cursando estudios, siempre que exista aceptación del establecimiento y dentro de los límites temporales establecidos por la norma.

Un incumplimiento puede terminar en privación de libertad

Uno de los artículos que genera controversia está relacionado con el incumplimiento de las penas alternativas. El artículo 16 establece que, comprobado el incumplimiento, deberá revocarse esa pena y disponerse una privativa de libertad.

La redacción abre una discusión relevante: un adolescente que inicialmente recibió una medida alternativa podría terminar privado de su libertad debido al incumplimiento de las condiciones establecidas. Será uno de los aspectos cuya interpretación probablemente genere debates judiciales.

La ley también alcanza a los medios de comunicación

Hay una modificación que deberán tener especialmente presente los medios. El nuevo régimen prohíbe difundir información que permita identificar al adolescente imputado, incluyendo su nombre, apodo, parentesco, domicilio o fotografía.

El incumplimiento puede derivar en una sanción económica. De esta manera, la cobertura periodística de hechos policiales protagonizados por menores deberá extremar los cuidados para impedir su identificación.

El desafío será cómo aplicar el nuevo sistema en cada provincia

Uno de los principales interrogantes comenzará después de su entrada en vigencia. La Ley 27.801 es una legislación nacional, pero contiene disposiciones relacionadas con procedimientos judiciales que históricamente corresponden a las provincias.

La propia norma invita a las jurisdicciones provinciales a adecuar sus legislaciones. Esto abre interrogantes sobre qué sucederá cuando las reglas procesales provinciales difieran de las establecidas por el nuevo régimen nacional y, fundamentalmente, sobre si todas las jurisdicciones dispondrán de jueces, fiscales y defensores especializados, institutos adecuados y programas de seguimiento y reinserción.

Por eso, más allá del debate sobre la edad, el verdadero examen de la reforma comenzará cuando los primeros casos lleguen a los tribunales bajo las nuevas reglas.