Estación de servicio norteña denunció a sus propios empleados por una estafa millonaria
Los dueños de una estación de servicio de Famaillá denunciaron a un grupo de empleados por una supuesta defraudación millonaria con el programa de reintegros de una petrolera.
Un enredo interno que llevaba meses gestándose salió finalmente a la luz en una estación de servicio de Famaillá. Los propietarios detectaron movimientos sospechosos en el sistema de premios implementado por su petrolera desde 2019 y denunciaron a un grupo de empleados por presuntas operaciones ficticias, reintegros indebidos y desvío de dinero.
La investigación comenzó cuando la empresa advirtió fuertes inconsistencias entre las cargas reales de combustible y los reintegros generados por la tarjeta promocional, que ofrecía un 10% de devolución por compras de combustibles premium o productos del local. La petrolera aportaba dos tercios del costo financiero y la estación el resto, un incentivo que tuvo gran aceptación entre los clientes.
Según la denuncia presentada por el abogado Amancio Petray, los playeros habrían sido los encargados de la maniobra: cargaban ventas inexistentes, las asociaban a tarjetas de clientes falsos o directamente inventados y luego retiraban el dinero acumulado en cualquier otra estación de la red.
El fraude quedó expuesto en febrero de 2025, cuando un informe enviado por la petrolera mostró diferencias abismales entre el combustible realmente vendido y los montos reintegrados a supuestos usuarios. Esa alerta motivó una auditoría interna que confirmó el desvío.
Los propietarios determinaron que entre enero de 2024 y la fecha de la denuncia se generaron cargas ficticias por más de $24 millones, de los cuales se retiraron más de $19 millones en efectivo. Las planillas internas revelaban que la mayoría de las operaciones se registraban de madrugada, en lapsos mínimos y por montos menores a $40.000, una estrategia para evitar alertas automáticas.
La auditoría también indicó que los empleados sospechados habrían armado cuatro grupos, integrados por familiares, terceros desconocidos e incluso tres mujeres con el mismo apellido, todos vinculados al uso de perfiles fraudulentos para retirar fondos del sistema.
En la presentación judicial, los dueños pidieron investigar a 10 empleados, quienes habrían ocasionado perjuicios que van desde $700.000 hasta $2,4 millones por persona. Aportaron documentación, registros y planillas mientras esperan que la Fiscalía avance con citaciones y medidas de prueba.
La causa, ahora en manos de la fiscal Mónica García de Targa, apunta a determinar la responsabilidad penal de los involucrados y a establecer si este esquema podría haberse replicado en otras estaciones de la misma red. El perjuicio total ascendería a varios millones de pesos, y el caso podría derivar en imputaciones por defraudación y asociación ilícita.
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