Centros de discapacidad cierran y advierten que cientos de pacientes quedan en riesgo

La atención a personas con discapacidad atraviesa una de sus crisis más profundas en los últimos años. Atrasos en los pagos, deudas acumuladas y una ejecución presupuestaria mínima están poniendo en jaque a centros e instituciones en todo el país, con consecuencias directas sobre miles de pacientes.

Según denunciaron prestadores, los retrasos en los pagos oscilan entre tres y seis meses. Esta situación impacta de lleno en la operatividad de los centros, que ya no logran sostener costos básicos como alquileres, salarios y servicios.

Desde el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad reconocieron demoras, aunque aseguraron que "las prestaciones están garantizadas" y que se trabaja para regularizar la situación. Sin embargo, los números reflejan otra realidad: a fines de marzo, la ejecución presupuestaria en el área apenas alcanza el 1,48% del total asignado.

Cierres y alerta en Salta

El impacto ya se siente en distintas provincias. En Entre Ríos, una de las sedes del centro Santa Ana cerrará sus puertas tras más de una década de funcionamiento. La decisión afecta a decenas de pacientes y trabajadores.

En Salta, el panorama también es preocupante: al menos 200 personas con discapacidad podrían quedarse sin tratamiento, según advirtieron desde el sector.

Las instituciones señalan que muchas prestaciones se abonaron por última vez entre septiembre y noviembre del año pasado, lo que generó una acumulación de deudas imposible de sostener.

Instituciones al límite

Organizaciones históricas también atraviesan dificultades. Es el caso de asociaciones con décadas de trayectoria que no pueden afrontar el pago de sueldos ni garantizar la continuidad de sus servicios.

El problema se agrava en hogares que alojan a personas con discapacidad sin red familiar de contención. En estos casos, el eventual cierre no solo implica la pérdida de tratamientos, sino también la falta de un lugar donde vivir.

"Si los hogares cierran, ¿adónde van estas personas?", plantean desde el sector, evidenciando la dimensión social del conflicto.

Reclamos y cuestionamientos

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuestionaron los aumentos otorgados por el Gobierno, al considerar que se calculan sobre valores desactualizados y no compensan la inflación.

Además, advierten que el atraso real en los aranceles supera ampliamente los incrementos otorgados, lo que profundiza el desfasaje económico del sistema.

Mientras tanto, desde el Estado señalaron que trabajan junto al Ministerio de Economía para destrabar los pagos y normalizar la situación.

Un sistema en tensión

El conflicto expone una problemática estructural: cuando los pagos no llegan a tiempo, el sistema deja de funcionar. Las instituciones se endeudan, los trabajadores quedan sin cobrar y los pacientes ven interrumpidos tratamientos fundamentales.

En ese contexto, el reclamo del sector es claro: regularizar los pagos de manera urgente para evitar un colapso que ya comenzó a sentirse en distintas partes del país.