QPS / Política
Subí Tu Nota / Opinión / Política

SALTA Y SU ARCAICO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL

  

Críticas al arcaico sistema de responsabilidad estatal; al argumento de todos los Estados locales sobre la constante emergencia administrativa, inembargabilidad y falta de presupuesto. Argumentos que demuestran su improcedencia.

 

Por Dr. Cristian D. Illesca 

 

I.- Los problemas estructurales para acceder a la justicia; los obstáculos legales y judiciales que se presentan a la hora de querer hacer responsable al Estado Salteño (Provincial o Municipal)

 

 

Es conocido por todos los abogados de la matrícula y aquellos que prestan funciones en los distintos órganos del Estado de la Provincia de Salta (Ejecutivo, legislativo y judicial), la existencia de un sistema de responsabilidad estatal muy precario, deficiente y  hasta “arcaico” se podría decir, siguiendo los calificativos  acuñados por el Diario Página12 a raíz de la causa de la niña Wichi abusada por al menos 8 personas (hecho que es de público conocimiento) y que aún sigue sin resolverse ni haberse determinado responsabilidad alguna civil, penal o administrativa.

Entre algunos de los motivos que me convencen de tal afirmación puede señalarse la existencia de un Código Contencioso Administrativo (ley 793) que posee más de un siglo de vigencia (sancionado en el año 1908), sin ningún tipo de vinculación con el sistema actual imperante; se trata de una herramienta procesal diseñada y pensada por el Ilustre Jurista Varela[1] para una época en la que en mundo no se concebía la posibilidad de atribuirle responsabilidad al Estado soberano, en período donde la estrella era imposibilidad de demandar al Estado y mucho menos ejecutarlo, salvo supuesto de excepción (ver al respecto ley  3952 de demandas contra la nación del  año 1900). Fiel reflejo del atraso referenciado y que en la actualidad no se justifican más que en la idea de obstaculizar el acceso a la justicia lo constituye el art. 15 de dicha ley que obliga al ganador de un juicio contra el Estado Salteño a tener que soportar con sus propias costas, ya que el principio es que las costas son por su orden, salvo la existencia de temeridad. Aspectos que lejos de ser tachados de inconstitucionales por la Corte Salteña por violar el principio de igualdad (ya que si la causa lo resuelve un juez civil las costas la paga el perdidoso), el de Propiedad (pues obliga a quien desee demandar al Estado a desprenderse de su patrimonio), libre acceso a la justicia (ya que se transforma un obstáculo serio para cualquier particular a la hora de pensar si demandar o no al Estado), ha sido convalidado y exigido sin un análisis serio del caso[2].

Además de las improlijidades y falta de certezas en las que no sumerge el Código Contencioso arcaico, debemos sumarle otras condiciones como ser la siempre vigente e imperiosa necesidad de realizar el reclamo administrativo previo ante una administración que jamás quiere asumir responsabilidades y mucho menos pagar por los daños que ha causado ya que implican una modificación de sus recursos presupuestarios, algo ajeno a la órbita de la competencia de los jueces; un claro ejemplo de lo señalado lo constituye la ley de “Acciones Civiles Contra la Provincia, Reclamo Administrativo Previo”[3] que en su art. 1 dispone que los jueces no podrán dar curso a las acciones civiles contra la Provincia, sus reparticiones autárquicas o las municipalidades, sin haberse acreditado que ha precedido una reclamación y su denegación por parte de los organismos con competencia. Como puede observarse, mientras en otros sistemas modernos[4], el camino que se recorre tiende a la erradicación de la necesidad de agotar la vía administrativa previa, salvo supuesto de excepción (diferenciando entre los daños que hayan surgido de un hecho ilícito o lícito), en nuestra Provincia tal exigencia no sólo es regla sino que se la profundiza colocando plazos más breves de caducidad (30 días, conf. art. 12 ley 793  y otros plazos brevísimos que obligan a todo particular a conocerlos y cumplirlos bajo apercibimiento de no poder reclamar nada; sin olvidar que dichos plazos se cuentan en pocos días y que además no se le exige el patrocinio jurídico letrado).

Y como si todo lo expuesto  fuese poco, hay que remarcar que pese a la tendencia de los legisladores nacionales de diferenciar radicalmente entre  los subsistemas “Derecho Civil” por un lado y “Derecho Público Administrativo” por el otro, con la sanción de las leyes 26944 (Código Civil y Comercial) y 26994 (Responsabilidad Estatal),  sustrayendo y apartando todo el sistema de responsabilidad estatal de las normas de derecho común debido al carácter local y a la especialidad que reviste el análisis de la responsabilidad estatal (Ej. Daño causado por un acto administrativo irregular) , en Salta el único Juzgado Contencioso Administrativo (cuya competencia es de excepción[5] y sólo pensado para hacer justicia a los Salteños Capitalinos)  no posee un sistema jurídico en el que pueda apoyar su especialidad y autonomía como rama del derecho (con sus principios y fuentes propias), ya que el CCyC refiere que no se aplica a las cuestiones de Derecho Público Local y la Provincia no ha adherido a la ley 26944 de responsabilidad estatal nacional. A lo que debe sumarse, que si la magistrada es recusada, pasa a un juez civil, y que además la Corte de Justicia ha creado hasta hoy todo un sistema de responsabilidad estatal con fundamento en un Código Civil ya no vigente y que su criterio ha sido muy cambiante lo que nos deja ante una incertidumbre jurídica.

No hago referencias a las importantes normas constitucionales en la materia de responsabilidad Estatal toda vez que pareciera  ser que la misma en tal sentido es sólo letra muerta.

Nos encontramos inmersos en un sistema que nos aleja de una “justicia” deseada, con especialidad en el tema, sin una ley que nos permita definir cuando hay o no responsabilidad estatal, sin un criterio uniforme y con leyes procesales que no hacen más que obstaculizar el ingreso a la justicia, convalidadas por una Corte de Justicia que además constantemente va cambiando su criterio sin permitirnos saber cuál es la doctrina de la Corte en tal o cual tema. Y por supuesto que no se les ocurra querer saber el criterio del juzgado de Primera Instancia ya que no hacen públicas sus sentencias (norma individual del caso).

 

II.- La emergencia Administrativa y la falta de Presupuesto; el famoso corte y pegue de todos los abogados del Estado en cualquier causa y la pretendida idea de que el Estado no debe pagar.

 

En el hipotético caso que se haya podido sortear todos esos obstáculos, tras diez (10) años de litigio más o menos (lo que es un barbaridad) y ya con una sentencia firme, nos encontraremos  con que el Estado Provincial o municipal, a través de su abogado (que cree saberlo todo), indica que esa sentencia que reconoce tu derecho a una indemnización NO PUEDE SER EJECUTADA y que la misma reviste un CARÁCTER MERAMENTE DECLARATIVO debido que se encuentra bajo un régimen de emergencia administrativa, de inembargabilidad y que ejecutarla afectaría el bien común o el interés público que está encargado de velar. Nada más malicioso, dilatorio e irrepetuoso de las decisiones judiciales.

Suele argumentarse en todo juicio o ejecución de sentencia, que la aplicación de las normas de emergencia administrativa son de orden público y deben aplicarse de oficio, pues  han adherido a las leyes nacionales nros 24.624, 25.344, 25.561 y que por las leyes provinciales nro. 6.583, 6.669, 7.125, 7.768, 7.813 y 7915 y otras tantas Ordenanzas municipales, no pueden ejecutarse las sentencias. Obviamente que todas ellas son referencias genéricas y hasta con citas de normas inaplicables ya que vienen en el paquete “copy -paste”. Otro de los argumentos y que vienen de la mano con los anteriores es la escases presupuestaria para responder ante la condena firme.  Entonces uno como abogado o juez que debe resolver el planteo debe preguntarse lo siguiente ¿es esto realmente así? ¿debe estar el juez con las vendas puestas en los ojos y no ver las actitudes de la administración no sólo en el juicio sino en general? Resulta desde mi perspectiva interesante traer el siguiente ejemplo del ámbito nacional y aplicable a nivel local, El Gobierno Nacional que desea ser solidario según los dichos del propio Jefe de Gabinete, que mantiene la vigencia de las normas de emergencia administrativa e inembargabilidad mencionadas y a las que refiere la Provincia haber adherido, gira hacia una ONG la suma cercana a los 16 millones de pesos en concepto de donación y la misma es rechazada por el Papa por sus motivios; extremos que fueron públicamente reconocidos.  Entonces, teniendo en consideración tales hechos es errado suponer lo improcedente de acudir a la emergencia administrativa y falta de presupuesto para impedir la ejecución de una sentencia firme  que lo condena por los daños causados a un particular (al que un vehículo oficial ha chocado, matado a familiares, como ejemplo), si su conducta indica que hay suficiente dinero para realizar donaciones millonarias y no para pagar las condenas en juicio?

Recordemos muy sintéticamente algunas normas de emergencia que en la mayoría de las oportunidades suelen citar. La  ley Nº 25.344, sancionada el 19/10/00, fue la que lo hizo en torno a la situación económico-financiera del Estado nacional, la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público nacional definido en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 (conf. art. 1º). Dicha norma invitó a las provincias y a adherirse a sus términos (conf. art. 24º). Luego, el día 06/01/02 se dictó la Ley Nº 25.561, por la cual se dispuso la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Dicha norma fue prorrogada por Ley Nº 25.820 y así sucesivamente.

La Provincia de Salta dictó una serie de normas relacionadas con la emergencia señalada, la que fue plasmada a través de sendas  Leyes Provinciales como la ley nro. 6583 que estableció en su oportunidad (año 1990) un sistema de emergencia en los que se advierte excluía del régimen de inembargabilidad, entre otros supuestos, los créditos de naturaleza alimentaria. Como era de esperar muchos municipios siguieron los mismos pasos ya que esto permitía “administrar” con mayor tranquilidad, hasta ser una cuestión (la de la emergencia) algo de nunca acabar, transformando algo excepcional en regla, como si no supiesen administrar sin estar en emergencia.

Todo ese sistema de “emergencia” desnaturaliza todo el sistema jurídico y se lo ha utilizado nada más y nada menos que para tratar de no asumir las responsabilidades que les corresponden. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos precedentes y hasta el hartazgo (debido que es el argumento de todo Estado, Nacional, Provincial y Municipal que no quiere hacerse cargo de nada), ha expuesto creado un método de interpretación de estos dispositivos  normativos a efectos de darles su exacto significado, según el cual en ningún caso puede traer aparejado que el Estado (Nacional, Provincial o Municipal), quede habilitado a incumplir las sentencias condenatorias o que el acreedor se vea, en todo momento, imposibilitado de perseguir su concreción.

En la causa “Giovagnoli  César A. c/ Caja Nacional de Ahorro y seguros s/ Cobro de Seguro” la Corte señaló que el artículo 19 de la ley 24.624 fue sancionado para imponer pautas racionales en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y evitar que la Administración pueda verse situada, por imperio de un mandato judicial perentorio, en el trance de no poder satisfacer el requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha normal de la Administración, de lo cual NO SE SIGUE QUE EL ESTADO SE ENCUENTRE FUERA DEL ORDEN JURÍDICO que está obligado a tutelar ni que esté exento de acatar los fallos judiciales. Sostuvo además, que la falta de partida presupuestaria para atender el pago del crédito reconocido en sede judicial debe ser probado por quien invoque la aplicación del art. 19 de la ley 24.624. Extremo este último que jamás se realiza, ya que implica tomar las cosas con la seriedad que corresponde.

Permitirle al Estado Provincial y Municipal no cumplir con las sentencias, lo que generaría sería un desplazamiento de dichas personas públicas estatales de todo el sistema jurídico y poniendo en jaque todo Estado de Derecho; y ahí si se estaría jugando y vulnerando todo el interés público que dicen defender.

Y como si fuera poco, la pretensión del Estado de que no se les ejecute las sentencias invita a que todos seamos sus cómplices de  vulnerar todo el sistema de división de poderes. Y ello es así pues la Administración debe estar sometida y a su vez someter su actuación a la juridicidad. Ergo, siendo la sentencia la interpretación definitiva del ordenamiento jurídico en un caso dado, su incumplimiento constituye una fractura en la Constitución.

Si la autoridad administrativa no cumple voluntariamente la sentencia, la ejecución judicial no puede verse como una intromisión judicial en la función administrativa, sino antes bien la previa intromisión de la Administración en la ejecución de un acto del Poder Judicial.

Por otro lado, y desde la perspectiva legislativa, no puede sostenerse que al tener un mandato judicial una incidencia en los gastos presupuestarios, de ello se derive que la  efectividad de la actividad jurisdiccional quede a merced de la voluntad del legislador.

Con relación a la función de satisfacción de necesidades generales, reitero, cabe señalar que si bien dicha protección de los intereses públicos pueden tener cierta grado de incidencia al momento de ejecutar las sentencias por la sencilla razón de que el interés público prevalece al particular; bajo ningún concepto puede entenderse que dicho interés transforme un mandato condenatorio en una mera declaración inejecutiva como suele pretenderse de manera maliciosa y a veces con el afán de dilatar aún más el hecho de que se haga justicia.

 

Respecto a la falta de presupuesto que siempre van a señalar es preciso remarcar que tal circunstancia debe ser acreditada como lo exige la  Corte Suprema, mediante informes precisos y concretos tales extremos.  Es decir que debe  brindarse de manera detallada y precisa lo siguiente para la procedencia de tales argumentos: i) las partidas presupuestarias asignadas al municipio u organismos provincial y la afectación de las mismas [con lo cual el magistrado podrá decidir si están afectadas a servicios públicos o fines esenciales]; ii) el destino que se les dio hasta ese momento; iii) si ese destino fue el previsto originariamente o no; iv) el destino que se les dará a las partidas pendientes de ejecución; v) estado de las cuentas bancarias y de bienes muebles; vi) un listado de prelación de acreedores de dicho municipio, con mención de nombre y apellido o razón social, monto del crédito y causa del crédito. A su vez deberá efectuar una estimación de cuándo podrá abonar la sentencia en cuestión.

 

Lo hasta aquí expuesto, basta para ejemplificar los atrasado que se encuentra la Provincia a la hora de hablar de responsabilidad estatal, sin voluntad política, judicial pareciera ser de superar todo esto, dejando a los particulares a su suerte,  a la hora de litigar contra el Estado, rogando que pueda pasar todos esos escollos de procedimientos, procesales, temporales, espaciales y jurisprudenciales, propios de un estado arcaico en materia de responsabilidad. Y me anímo a decir que nada de este sistema es inocente.

 

 

[1] Recuérdese que dicha ley (793) fue sancionada teniendo como fuente al Código Varela de 1905 para la Provincia de Buenos Aires.

[2]En tal sentido la Corte de Justicia de la Provincia ha entendido que la temeridad finca en el  conocimiento que tuvo o debió tener el litigante de la falta de motivos para resistir la acción, deduciendo pretensiones o defensas cuya ausencia de fundamentos no podía ignorarse de acuerdo con pautas mínimas de razonabilidad. O sea que incurre en temeridad la parte que litiga, como actora o demandada, sin razón valedera, y por tener, además, conciencia de la propia sinrazón. (Ver. CJS en la causa “López, Miguel Antonio y otros c/ Prov. De Salta –Dirección de Vialidad, Exp. CJS 32.726/09, Tomo 151: 839/844, sentencia del 6/diciembre/2010, como así también “Acosta, Ana y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta s/ Recurso de Apelación, Exp. CJS 37.116/14, Tomo 196: 461/468 – 16/marzo/2015, entre otros). Ergo, para el tribunal en materia de costas en el proceso contencioso administrativo rige el principio subjetivo de la temeridad, donde el litigio temerario es aquél en que la injusticia es absoluta por estar en la intención misma del que litiga.

 

[3] Texto ordenado: Ley 5018/76 , según ley 5095/77.

[4]  Un claro ejemplo lo es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su art. 4 de la ley 189 (Código Contencioso Administrativo y Tributario) indica “No puede demandarse autónomamente la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por actos administrativos que se reputen ilegítimos sin haberse impugnado, en tiempo y en forma, el acto que se pretende lesivo. Cuando se pretenda hacer efectiva la responsabilidad extracontractual de la autoridad administrativa derivada de un hecho ilícito, el/la afectado/a tiene opción para efectuar un reclamo administrativo previo, o acudir directamente ante la justicia contenciosa administrativa de la Ciudad de Buenos Aires.

[5] Y ya está en camino y por abrir un nuevo juzgado Contencioso.

Política

Basta de naturalizar el engaño y la manipulación, basta de abuso de autoridad

Política

EL TALA - #LaJusticiaSinLaFuerzaEsImposible