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Juicio por Jurados: la democratización del Poder Judicial

La Constitución nacional ha establecido la forma republicana de gobierno, lo que implica consagrar la soberanía del pueblo y que los poderes del Estado necesariamente deben estar integrados por sus representantes.El Ejecutivo y el Legislativo cumplen acabadamente con esta premisa. Sin embargo, no sucede lo propio con el Judicial, donde

La Constitución nacional ha establecido la forma republicana de gobierno, lo que implica consagrar la soberanía del pueblo y que los poderes del Estado necesariamente deben estar integrados por sus representantes.El Ejecutivo y el Legislativo cumplen acabadamente con esta premisa. Sin embargo, no sucede lo propio con el Judicial, donde el pueblo no tiene participación de ninguna índole. Ello porque no se ha dado cumplimiento al mandato histórico de la Constitución de 1853, ratificado por la reforma constitucional de 1994, de establecer los juicios por jurados.El poder decisorio concentrado en cabeza de jueces profesionales es contrario a la naturaleza del sistema republicano. Situación que se ve agravada con la estabilidad de los miembros del Poder Judicial, que pueden permanecer en sus cargos mientras mantengan la idoneidad y dure su buena conducta, característica que evoca al sistema monárquico.El juicio por jurados, sabiamente previsto por la ingeniería constitucional, es la única forma imaginable de posibilitar la participación popular en la administración de justicia.Los hechos criminales de gravedad, que habitualmente conmueven a la opinión pública, suelen provocar movilizaciones que reclaman justicia. La experiencia demuestra que la respuesta judicial raramente da satisfacción a estos reclamos, generando malestar e incertidumbre en buena parte de la población. La participación popular en la administración de justicia, fundamentalmente en los hechos de gravedad y en los que involucran a funcionarios públicos, es el remedio idóneo para resolver estos desequilibrios.Los jurados, además, garantizan la independencia de criterio a la hora de resolver los casos que se someten a su conocimiento. El pueblo es convocado a intervenir en un juicio y su función comienza y termina con el pleito y sólo debe rendir cuentas a su conciencia. A diferencia, los jueces (ciudadanos al fin) experimentan enormes presiones, en forma directa o indirecta, y frecuentemente sufren la amenaza del juicio político por decisiones que no agradan, condicionando en muy buena medida la toma de decisiones.Con jurados existen más posibilidades de empatía (ponerse en el lugar del otro, ya sea la víctima o el imputado), ya que se trata de hombres y mujeres de todas las extracciones sociales, edades, experiencias y actividades. A diferencia de los jueces técnicos, integrantes de una burocracia jerarquizada cuyos intereses no son necesariamente afines con los de las personas que se encuentran sometidas a juicio.La provincia de Córdoba tiene juicios con jurados desde hace siete años. Período que ha permitido tomar datos estadísticos y extraer algunas conclusiones. Se realizan unos doscientos juicios con participación popular al año y el primer dato a destacar es el acatamiento de los interesados a las decisiones que se adoptan. No hay escraches, ni movilizaciones, ni juicios políticos. El pueblo acepta lo decidido por sus pares.A partir de la implementación de los juicios por jurados se ha experimentado un notorio mejoramiento de la imagen de la justicia en la opinión popular y, contrariamente a lo que se piensa, los ciudadanos que han actuado como jurados se sienten orgullosos de su intervención y no dudarían en volver a serlo.Los juicios con jurados han requerido que los abogados (fiscales y defensores) revisen su forma de actuar, despegándose de ritualismos y el lenguaje intrincado. Ahora deben convencer con argumentos inspirados en la sencillez, traduciendo los aspectos técnicos a expresiones accesibles para el conocimiento de cualquier ciudadano, lo que, paradojalmente, requiere de mayores niveles de capacitación.La sanción de leyes que consagran el juicio por jurados (Neuquén, Buenos Aires y Río Negro), sumado a los proyectos que existen en la mayoría de las provincias, nos hacen ser optimistas a la hora de ver concretado el postergado mandato constitucional que permita saldar la brecha existente entre el Poder Judicial y los ciudadanos y recuperar parte de la legitimidad perdida.Dr. Mario Juliano, Juez de Cámara de Necochea. Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal.

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