Salta, entre las provincias con más adolescentes presos

Un reciente informe presentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso de relieve un preocupante incremento en la cantidad de adolescentes privados de la libertad en la provincia de Salta durante el año 2022. Según datos revelados, un total de 501 menores de 18 años enfrentaron medidas de privación de la libertad o fueron alojados en instituciones del sistema penal juvenil, situando a Salta entre las provincias con mayor número de jóvenes en esta situación.

El informe compartido por El Tribuno detalla que el 22% de los casos están relacionados con delitos contra la integridad sexual, siendo la mayoría (34%) de las causas vinculadas a delitos contra la propiedad. Asimismo, se informó que 2.106 menores estuvieron involucrados en causas judiciales el año pasado en Salta, destacando que el 54% se encontraba en el rango de 16 a 17 años, y el 30% tenía edades de 14 a 15 años.

La restricción de la libertad para estos jóvenes es considerada como una medida excepcional, aplicada en casos graves como homicidios o abusos sexuales, con el objetivo de asegurar la investigación y brindar respuesta a las víctimas. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, interina en la Fiscalía Penal de Menores 1, subrayó la importancia de priorizar medidas socioeducativas siempre que sea posible, especialmente para aquellos menores sin resguardo familiar o bajo la protección del Estado.

El reciente cambio en el Código Procesal Penal Juvenil en la provincia busca mejorar los controles y la imparcialidad en los procesos judiciales relacionados con menores. Este nuevo sistema asigna a la fiscalía la investigación de las causas y establece un papel más activo para los jueces en cuanto a la supervisión y aval de las decisiones tomadas durante el proceso.

El informe, derivado de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y que incluye datos de 2022, destaca la necesidad de estandarizar indicadores y enfoques para abordar estas problemáticas de manera integral, con el objetivo de proteger a la infancia y la adolescencia, y de promover políticas públicas efectivas.