Salteño denunció a la AFIP por embargarle su dinero, "sin motivo ni aviso"

Ángel Erazu es un pequeño empresario salteño de la construcción. Es dueño de Terra Mía, la empresa que hoy intenta no fundir ante la medida arbitraria que tomó la AFIP con su dinero. 

La repartición nacional le embargó sus cuentas, sin aviso previo, luego de que tuviera un atraso de dos meses en el pago de los tributos. 

“La situación económica del país con todas las medidas que se toman desde el Estado nos tiene a las pymes saltando la piola, haciendo maravillas para poder cumplir, para no desaparecer del mercado, y encima los abogados de la AFIP nos ponen trabas. Los abogados buscan perjudicarnos sistemáticamente al no notificarnos y nos traban embargos en cuentas corrientes por cualquier atraso. Deberían invitarnos a cancelar la deuda en un plazo de siete días antes de trabar embargos”, contó en Nuevo Diario. 

El hombre contó que el 20 de octubre, sin notificación previa, la AFIP le embargó todas sus cuentas por un atraso de dos meses del pago de obligaciones, por lo que inició un plan de pago ante la abogada del organismo Carmen Nora Barrientos. La letrada le informó que elevaría la planilla de pago al juez actuante para que le levanten el embargo.

No obstante días después Erazu, al darse cuenta que la caución continuaba, decidió volver a hablar con Barrientos, quien le dijo que debe esperar “los tiempos del juez”. “Cuando le pedí el importe de sus honorarios, que pagamos todos los contribuyentes cuando pasamos por situaciones así, o sea que la abogada cobra el sueldo de la AFIP más los honorarios y aportes a su caja previsional por el proceso judicial, la doctora me dijo que después me daría el importe, quedando en evidencia que no había hecho el trámite”, añadió.

Erazu cansado de la situación tuvo un cruce de palabras con la abogada, que terminó cuando le dijo que “se tomaría su tiempo para enviar la planilla”.

“Es un  abuso de autoridad y me perjudica económicamente de manera intencional, ya que el trámite normal consiste que una vez hecho el plan de pago se debía enviar los comprobantes al juez para que libere las cuentas, pero esto no ocurrió por la falta de interés de la abogada”, finalizó.

La situación también fue expuesta ante las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Salta.