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¿Será justicia? / La Corte de Justicia de Salta inició acciones contra el juez Martín Martínez por cobrar doble sueldo

La UDEC investiga su situación y también se iniciaron acciones administrativas en contra del juez de Ejecución y Sentencia Martín Martínez, sobre el posible cobro indebido de sueldos como ex funcionario del Gobierno.

La Corte de Justicia de Salta inició acciones contra el juez Martín Martínez por cobrar doble sueldo

Al mismo tiempo la Unidad Fiscal de Delitos Económicos (UDEC) investiga su situación. Las acciones administrativas están en manos de superintendencia que tendrá a su cargo el pedido de explicaciones a Martínez. En caso de existir una confirmación, le corresponderían sanciones administrativas y si corresponde un proceso penal, publica Nuevo Diario.

Ahora la UDEC, realiza  una investigación preliminar tratando de establecer el accionar del magistrado, quien habría cobrado irregularrmente sueldos como ex funcionario del Gobierno por seis meses, y si esto se corresponde con un delito penal, ya que simultáneamnete se desempeñaba como juez de Ejecución y Sentencia.

Actuaciones de oficio. Las actuaciones se iniciaron de oficio a partir del estado público que tomó la supuesta situación irregular en el cobro de haberes del juez Martín Martínez, quien el 3 de abril pasado juró como titular del Juzgado de Ejecución y Sentencia.

Un mes antes, según lo difundido públicamente, Martínez habría presentado su renuncia como subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, novedad que recién se oficializó en el Boletín Oficial el 29 de septiembre. En ese lapso, aproximadamente seis meses, Martínez habría cobrado su sueldo como juez y también como funcionario, pese a no ejercer ya ese cargo.

La fiscalía analizará así si corresponde o no la apertura de un proceso penal en contra del ahora magistrado, quien se desempeñó con anterioridad a la subsecretaría, en la Dirección del Servicio Penitenciario.

El entorno del actual uez Martínez se habría reconocido la percepción de los haberes, pero responsabilizó al Ministerio de Derechos Humanos de Pamela Calleti por el “error administrativo”.

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