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Narcofrontera / Delfín Castedo, el narco salteño que controla ambos lados de la frontera con Bolivia

El detenido líder de un clan de contrabandistas es propietario de 28.000 hectáreas en las cercanías de Salvador Mazza y su familia es dueña de campos de similares proporciones en territorio boliviano.

Delfín Castedo, el narco salteño que controla ambos lados de la frontera con Bolivia

En el monte espeso de los parajes El Pajeal y El Aybal, en Salvador Mazza, un alambrado de 1,20 metros separa la frontera entre Bolivia y la Argentina. De un lado, Delfín Castedo, detenido por narcotráfico en julio pasado tras permanecer diez años prófugo, posee 28.000 hectáreas, donde el clan que comanda intentó correr durante años a los productores ganaderos y pobladores para tener el dominio absoluto de esas tierras estratégicas para el contrabando de drogas.

Del otro lado del alambrado, en territorio boliviano, Roxana, su hermana, domina otras 30.000 hectáreas. En ese difuso límite entre los dos países, según investigaron en la justicia federal, Castedo es el dueño de la frontera.

Las investigaciones judiciales apuntan a que en ese lugar remoto fabricaba y distribuía cocaína, amparado en una densa red de complicidades políticas y judiciales que funcionó de manera aceitada por más de 15 años. Castedo fue detenido, pero su organización se mantiene operativa.

La Secretaría de Fronteras de la Nación elabora un plan para que esas tierras sean ocupadas por pobladores de la zona y que allí se pueda realizar un emprendimiento productivo y social ante el pedido de decomiso de esas tierras, realizado por los fiscales federales Carlos Amad y José Luis Bruno junto con la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar).

Las espaldas de Castedo eran custodiadas por el fallecido diputado peronista Ernesto Aparicio, alias "Gordo", y el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien pasó de ser un modelo de lucha contra el narcotráfico presentado por la entonces presidenta Cristina Kirchner a estar detenido y procesado por recibir coimas de los narcos argentinos y bolivianos.

A Castedo no sólo lo ayudaron a encubrir el tráfico de estupefacientes y la provisión de cocaína a grandes bandas, como la que fue desbaratada en el caso Carbón Blanco, sino también el crimen de Liliana Ledesma, una pobladora del lugar, que fue la única que se animó a denunciarlo. Castedo está preso por ordenar junto a Aparicio ese asesinato.

Paso cerrado. Jesús Ledesma tiene problemas para llegar a su campo por las “tranqueras narcos”
 

Castedo está en la cárcel de Güemes, tras ser detenido el 22 de julio pasado en la localidad bonaerense de Ituzaingó con una identidad falsa, pero la sombra de la prisión no restringió que una de las organizaciones narco más grandes de la Argentina siguiera activa.

El 22 de diciembre pasado un camión con 180 kilos de cocaína que transitaba por la ruta nacional 16 fue secuestrado en El Quebrachal, Salta, por Gendarmería. Según la investigación, esa carga había salido del paraje El Pajeal, donde Castedo tiene un casco de estancia.

Toda la logística para trasladar esa droga hacia la provincia de Santa Fe la realizaron Ricardo Erva, alias "Ricky", quien en uno de los allanamientos que realizó la justicia federal, se identificó como encargado del campo, y Melba del Carmen Araujo, esposa de Castedo. Ella ordenó el pago de 30.000 pesos al camionero Bernardo Flores para que transportara la droga, que fue camuflada en un doble fondo entre la cabina y el acoplado en El Pajeal. La cocaína llegó desde el lado boliviano a través de un camino en el monte que domina la hermana de Castedo. La droga fue acondicionada en el camión y de allí partió por unos senderos de tierra que abrió el propio Castedo con topadoras para desembocar en un acceso de la ruta 54, cerca de los pozos petroleros de Campo Durán.

Esto demuestra, según los investigadores, que la organización conducida por Delfín Castedo está activa. Un informe realizado el 7 de febrero pasado por la Unidad de Operaciones Antidrogas de Gendarmería señala que la estancia El Aybal "cuenta con un camino de tierra de grandes dimensiones y en buen estado, el cual va desde el casco de la estancia y se adentra en territorio boliviano. Ese camino -que es un paso no habilitado- permite el acceso de personas, vehículos, mercaderías sin que medie control del Estado nacional".

El Aybal está a nombre de la sociedad Anzere SA, inscripta con un domicilio fiscal en Plaza de la Independencia 749, en Montevideo. Esa sociedad fue disuelta de oficio por el Banco Central de Uruguay por no haber actualizado la información de los directores de la firma, que es dueña de una parte de la frontera norte argentina.

El administrador de esa estancia es el martillero público Eduardo Torino, a quien los fiscales federales acusan de ser testaferro de Castedo y que fue sobreseído en una causa por asociación ilícita el 18 de mayo de 2011 por el entonces juez federal de Orán, Raúl Reynoso. El Pajeal, el otro campo, figura a nombre del fallecido dirigente peronista Aparicio, a quien acusan de haber sido socio y testaferro de Castedo.

El calvario de los Ledesma

Para llegar a su campo de 1250 hectáreas en plena selva, en el paraje El Pajeal, la familia Ledesma deben atravesar un camino de tierra de unos 35 kilómetros que va en paralelo con la frontera con Bolivia. En ese campo que ellos arriendan desde hace 40 años, poseen 200 cabezas de cebú, la única raza que puede soportar el sofocante calor de esa región.

Castedo quería los campos de Ledesma y de otro productor ganadero, Sergio Rojas, para tener un control absoluto en la zona. "Él quería una zona liberada", cuenta Jesús Ledesma, quien recuerda que Castedo cortó el único camino vecinal que lleva a los dos parajes. Puso tres portones y una barricada con troncos que arrasó con topadoras.

Eugenio Ledesma, de 75 años, padre de Jesús, advierte que para ingresar a su campo debían cruzar la frontera y entrar por Bolivia. Salían por Salvador Mazza hacia Dorminí y pedían permisos a sus vecinos bolivianos para entrar en sus propiedades.

Eso fue lo que denunció su hermana Liliana hace una década y apareció muerta en una pasarela en setiembre de 2006 que conecta dos barrios de Salvador Mazza. La Justicia determinó que el crimen fue perpetrado por cuatro personas contratadas por Castedo y el fallecido Ernesto Aparicio.

"Mi hija lo denunció porque él tenía una cocina de droga, se quería quedar con la casa de ella y le cerró los caminos para trabajar a mi otro hijo, que tiene un campo y se dedica a la ganadería", contó Elida, la madre de la mujer asesinada.

"Castedo estuvo siempre en su campo acá en Salvador Mazza, pero no lo detenían porque sobornaba a la Policía Federal, a la provincial y a Gendarmería", afirmó la madre de Liliana en referencia a por qué, a su entender, uno de los narcos más buscados logró estar ocho años prófugo.

Cierre de pasos ilegales

El Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Fronteras, comenzó a poner en marcha un plan para cerrar y bloquear unos 25 pasos fronterizos ilegales. Es un trabajo que recién comienza pero apunta a ejercer un mayor control de la frontera e imponer mayores escollos para aquellos que pretenden sortear los límites y alimentar el engranaje del contrabando.

"La primera etapa es identificar estos pasos y después cerrarlos. A la par lo que se pretende es que se fortalezcan los pasos legales", sostuvo Luis Green, secretario de Fronteras. A través de un crédito por 45 millones de dólares del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata se buscará mejorar a nivel de infraestructura, tecnología y capacitación de los pasos fronterizos. En el norte se van a priorizar La Quiaca y Jama, en Jujuy, y Salvador Mazza, Aguas Blancas y Misión La Paz en Salta. Y está previsto que en julio próximo lleguen al país los insumos tecnológicos para el control de frontera que se compraron por 35 millones de dólares a Israel. "Se adquirieron drones especiales que van a mejorar el monitoreo en las zonas más calientes", sostuvo el funcionario, quien señaló que se van a crear centros operativos en Salvador Mazza, Aguas Blancas y Puerto Iguazú.

Las fuerzas federales están atentas también a otro desafío narco. En diciembre pasado llegó información calificada a las fuerzas de seguridad federales de que se habían concretado dos reuniones en la casa de Eladio Arsenio Gaona entre gente que pertenecía a dos clanes narco, que lideran el boliviano José Luis Sejas Rosales y Delfín Castedo, ambos presos en Bolivia y en Salta, respectivamente, y que -según se determinó en varias causas- tenían la protección del ex juez Reynoso, también preso.

Gaona es abogado y cuñado del ex magistrado detenido. Incluso, este hombre que hizo una fuerte defensa de su pariente al que consideró un preso político llegó a ser designado conjuez y reemplazar a Reynoso durante la feria y la licencia. Según la información que recibió la justicia federal de Salta, en su casa en la ciudad de Orán dos viernes seguidos de diciembre personas ligadas a estas dos bandas planearon atentar contra los principales testigos de la causa que está previsto que llegue a juicio oral en agosto próximo.

Según publica diario La Nación, ante esta situación se reforzó la custodia de los testigos cuya integridad la cuidan efectivos de Gendarmería, Policía Federal y provincial. Varios de los testigos trabajaban en el juzgado federal de Orán.

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