Roque Rueda

Abogado
Estimular la participación

Urtubey debe vetar la ley de acción popular

La semana pasada la Legislatura dio un retroceso de dimensiones históricas al dictar la ley reglamentaria de la acción popular de inconstitucionalidad.

La acción popular es un verdadero lujo que tenemos los salteños en nuestra Constitución desde 1986. Sólo los porteños lo tienen desde fecha más reciente. Ninguna otra provincia lo contempla. 



A través de ella cualquier habitante de la provincia, sin tener que demostrar ningún interés personal, puede plantear ante la Corte la inconstitucionalidad de leyes, decretos y ordenanzas. 



Al instaurarla, los constituyentes de 1986 nos instituyeron a todos como guardianes de la Constitución.



Podría hacerse un análisis largo de los defectos que presenta la ley. Sin embargo, lo más demostrativo del triste espíritu que animó su formulación, está en el artículo en el que se fija una sanción de hasta dos sueldos de juez (más de 200 mil pesos) para aquellos ciudadanos que planteen una acción "manifiestamente improcedente".



En más de treinta años, los legisladores salteños no sintieron necesidad de fijar sanción alguna. No hubo ningún problema. Este proyecto, técnicamente defectuoso y políticamente retrógrado, no fue de los legisladores, sino de algunos jueces de la Corte.



Fijar una multa así, totalmente discrecional, además de ser inconstitucional, puede implicar que en los hechos desaparezca de nuestro sistema la valiosa herramienta que los constituyentes de 1986 nos legaron.



El ciudadano que decide participar debe ser estimulado, no sancionado ni amenazado. Si Urtubey cree realmente en la participación ciudadana, debe vetar esta triste ley.

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