Tras la liberación de Boudou, Zannini podría ser el próximo beneficiado

La Cámara de Casación Penal podría tomar una decisión antes del fin de la feria judicial. O después. En el primer caso fallarían los jueces Eduardo Riggi y Angela Ledesma. Más adelante la responsabilidad recaería en los magistrados titulares: Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani. En cualquier circunstancia, será revocada la prisión preventiva contra el ex secretario general del kirchnerismo en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Esa prisión fue dictada por Claudio Bonadio y confirmada por los jueces de la Cámara Federal porteña.

Zannini continuará procesado e investigado por el delito de encubrimiento a favor de cinco iraníes acusados del atentado contra la AMIA que dejó 85 muertos. En esa causa también permanece procesada y con pedido de desafuero para su detención Cristina Fernández. ¿Podría variar su situación como la de su ex candidato a vicepresidente? Improbable. Casación no hallaría riesgos para la marcha de la investigación en la posible liberación de Zannini. La ex presidenta se desempeña, en cambio, como senadora. Mantiene resortes de poder e influencias que podrían entorpecer.

Casación se colocaría, de ese modo, en una línea similar a la que adoptó la Cámara Federal cuando hace pocas semanas liberó a Amado Boudou en la causa por enriquecimiento ilícito. Su detención, con un despliegue policial y de filmaciones llamativos, había sido ordenada por el juez Ariel Lijo. En todos los casos, los jueces invocaron un pronunciamiento del camarista Martín Irurzun que emitió específicamente para el caso de Julio De Vido, sobre la validez de la preventiva cuando se presuma en riesgo la investigación.

La intención de ordenar los procedimientos judiciales cuenta con el aval de la Corte Suprema. Pero tampoco significaría una masiva marcha atrás con las detenciones de una veintena de ex funcionarios kirchneristas enmadejados en causas de corrupción. Muchos se interrogan, por ejemplo, qué sucederá con Lázaro Báez, que en abril próximo cumplirá dos años de detención sin condena firme. Un resquicio que permitiría a sus abogados defensores reclamar la libertad. Pero el juez Sebastián Casanello ya elevó a juicio oral, aún con fecha incierta, la causa sobre la ruta del dinero K (millones evadidos en obras públicas) que involucra, entre muchos, al empresario patagónico y sus cuatro hijos. Esa situación hará que Casanello prolongue un año más aquella prisión preventiva.

Los ajustes judiciales, que en el caso del pacto con Irán no beneficiarán ni al piquetero Luis D’Elía ni al ex Quebracho, Fernando Esteche, podrían servir en forma temporaria al relato que suele agradar a Cristina y a su tropa. Apunta a que todo se trata de una persecución política. Maquinada por Mauricio Macri. Aunque el primero de esa cofradía que pudo ver de nuevo la luz y la calle asomó bastante prudente. Boudou hizo hincapié, sobre todo, en que el Poder Judicial se habría excedido en sus facultades.

El vacío dejado por el ex vicepresidente fue cubierto por los dirigentes sindicales. Para muchos de ellos –no todos—también existe una campaña antisindical. Nunca refieren, por mínimo pudor, ni a Omar “Caballo” Suárez, ni a Jorge “Pata” Medina, ni a Humberto Monteros y Marcelo Balcedo, el gremialista al que sólo en Uruguay se le incautaron US$ 7 millones ocultos. El problema son Hugo y Pablo Moyano. Por sospecha de lavado de dinero entre el gremio de camioneros y la empresa postal OCA, de su propiedad. Intervienen la AFIP, la UIF y la Procelac. Hay además otra imputación como máximos directivos de Independiente.