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Provincias ya emitieron u$s6.900 millones pero necesitan más y ya tienen luz verde del Gobierno nacional

El acuerdo con Prat Gay para reducir el déficit fiscal implicó una luz verde para el neo-endeudamiento por parte de los gobiernos provinciales. Tras años fuera del mercado, y con fuertes necesidades de caja, se está generando una tendencia que alivia a las provincias y preocupa a los economistas

La palabra "endeudamiento" pasó a ocupar un lugar central para las provincias, con vistas a un 2017 complicado en lo fiscal y con planes de inversión en sintonía con el año electoral. Y las negociaciones con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, trajeron la confirmación que faltaba.



El preacuerdo implica una meta de reducción de los respectivos déficits fiscales para el año próximo, que les imponga un "esfuerzo proporcional" al del gobierno nacional.




La propuesta es que ese objetivo imponga que en el 2017 no aumentarán su gasto en proporción mayor al crecimiento nominal del PBI y que deberán reducir su déficit fiscal un 10%.


El esfuerzo, que en algunos casos podría encontrar serias dificultades en ser alcanzado por la situación particular de algunas provincias, tendría una compensación que para muchos gobernadores puede resultar clave para su gestión.



Se trata, ni más ni menos, que la autorización por parte del Poder Ejecutivo nacional para poder conseguir financiamiento en los mercados internacionales de crédito. 



Una opción que estuvo vedada durante años y que en 2016 ya fue explorada por varios de ellos, con resultados, en la mayoría de los casos, satisfactorios en cuanto a las tasas pactadas y los montos colocados. 



El planteo de Hacienda reactiva la vieja discusión acerca de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre el reparto de fondos y las autorizaciones para buscar dinero fresco en el exterior. 



En la actual coyuntura, la posición de los gobernadores se basa en tratar de flexibilizar un esquema surgido luego de la crisis de 2001, cuando se implementó la ley de Responsabilidad Fiscal, que le brinda a la Nación la atribución de autorizar, demorar o denegar la colocación de deuda a las provincias. 



Sobre el particular, Gonzalo Saglione, ministro de Economía de Santa Fe, sostuvo que "el compromiso debe ser de ambas partes: si la provincia está en condiciones de endeudarse, la Nación debe ayudar al proceso". 



Hoy existe consenso entre varios gobernadores que lo ideal sería que, si se cumple con el régimen de responsabilidad fiscal, la autorización para tomar deuda debería ser automática, es decir sin necesidad de obtener el visto bueno de Hacienda. 



El lugar en donde se dilucidará la cuestión será el Senado, en donde los representantes provinciales buscarán la manera de diluir el poder del gobierno central y así poder endeudarse sin pedir consentimiento, como lo establece dicha ley.



Para ello, pondrán de manifiesto que el oficialismo prometió, durante el debate para pagarle a los holdouts, enviar al Congreso un proyecto de ley que limite los superpoderes para manejar el gasto, algo que hasta ahora no sucedió, pese a que dicha promesa fue ratificada por varios funcionarios oficialistas. 



En la práctica, lo que se busca es dar marcha atrás con la reforma al artículo 37 de Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control que Cristina Kirchner impulsó en 2006 cuando era senadora y su esposo presidente.



"Hay que automatizar envíos de fondos a las provincias. Sería bueno que se pueda definir qué fondos se pueden enviar automáticamente", apuntó el pampeano Carlos Verna, que también pidió reducir los "requisitos" exigidos a las provincias para poder financiarse con deuda.



Pero este planteo es seriamente cuestionado por el propio Gobierno, pues algunos funcionarios, en estricto off the record,  consideran que de ser así, podría generarse una burbuja de deuda, con el agravante que en su gran mayoría es emitida en dólares, con todo el riesgo que ello representa, dada la inestabilidad del tipo de cambio a través del tiempo. 



La presión del poder central también tiene otra razón de ser, pues a pesar de sus propias afirmaciones en cuanto a que el crédito externo sólo se usaría para financiar obras de infraestructura, las administraciones del interior del país arrastran balances en rojo y deben destinar parte de los recursos obtenidos en las colocaciones de deuda, al pago de sueldos y otros gastos denominados corrientes.



Un estudio reciente estima que en promedio las provincias destinan en promedio el 35% de las emisiones al pago de salarios, con máximos en Mendoza y Chubut, que rondan el 40%.



La situación provincia por provincia. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación, a fines de 2015las deudas de las provincias alcanzaban los $269.000 millones



De ese monto, el 47% adoptó la forma de bonos, el 34% correspondía a obligaciones con elGobierno nacional, el 13% era por deudas con organismos internacionales y otro 4% eran compromisos con bancos.



Según cálculos de la consultora privada Economía & Regiones, el monto total adeudadorepresenta el 4,4% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino.



En cuanto a las jurisdicciones con mayores deudas nominales, se destacan Buenos Aires ($124.000 M), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ($26.000 M) y Córdoba ($18.000 M). Un escalón más abajo se posicionaban Mendoza Neuquén. En conjunto, estas cinco jurisdicciones acumulaban el 72% de la deuda total.



 





En sentido inverso, las menos endeudadas son La Pampa ($142 M), San Luis ($270 M) y Santiago del Estero, con $654 millones. 



Una forma de poner en perspectiva el peso de la deuda en términos de la capacidad de repago de cada una de ellas, es compararla con el Producto Bruto Geográfico (PBG), es decir, el equivalente al PBI de las provincias. Para ello es necesario recurrir a estimaciones de consultoras privadas, como por ejemplo las que efectuó Economía & Regiones. 



En tal sentido, pese a su bajo endeudamiento en términos nominales, Formosa, con cerca del 18% de su PBG, Jujuy (15%) y Chaco (9%) se ubican en los puestos más altos, en tanto que en el otro extremo, San Luis y La Pampa no superan el 0,5% de dicho indicador.



Otra forma de analizar el endeudamiento es el cálculo "per capita", es decir el monto que debería pagar cada ciudadano en su respectiva provincia. 



En este caso, las más endeudadas son los territorios patagónicos, encabezadas por Santa Cruz, pues cada habitante debe más de $20.000, seguida por Neuquén ($17.600) y Chubut ($12.900). Todos estos montos superan holgadamente al promedio nacional, que ronda los $6.500.



En los casos de la Capital, el monto asciende a los $8.400, en tanto que la Provincia de Buenos Aires, la deuda suma $7.400 por persona.







De dónde vienen y hacia dónde van. Según un trabajo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), "a partir de 2002, las provincias experimentaron en su conjunto un drástico proceso de desendeudamiento". 



El stock de deuda provincial en relación al PBI cayó del 22% al 7% entre 2002 y 2013, mientras que al compararlo con los ingresos provinciales, la caída fue aún más fuerte, rondando el 50 por ciento.



"A pesar de estas mejoras, los pasivos provinciales experimentaron en los últimos años un gradual y moderado proceso de redolarización", agrega el informe. 



Asimismo, sostiene que en los últimos años creció la emisión de bonos en pesos ajustables al tipo de cambio oficial, denominados dólar linked. 



"Si bien este tipo de emisión evita el ‘pecado original' de generar obligaciones en moneda extranjera con ingresos en moneda nacional, aumenta la exposición de las deudas provinciales a la volatilidad cambiaria", expresaron desde Cippec.



Ya en lo que va del año, nueve provincias que salieron al mercado internacional, sumando emisiones por unos u$s6.900 millones, de los cuales las primeras colocaciones se realizaron incluso antes del acuerdo con los holdouts, como fue el caso de Buenos Aires que no estaba alcanzada por el fallo de Thomas Griesa. 



En marzo se colocaron u$s1.250 millones al 9,4% y otros u$s1.000 millones se sumaron en junio, con un notable descenso en las tasas, pues bajaron al 5,8% y 7,9% según la emisión. 





Hasta el momento, las últimas colocaciones correspondieron a la Provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe.



La primera de ellas realizó una ampliación de los últimos títulos emitidos por un total de u$s750 millones: u$s250 millones con vencimiento a tres años y u$s500 millones por otro bono a diez años de vida promedio.



Lo llamativo de la misma es que alcanzó las tasas más bajas de la historia reciente de la provincia, pues fueron del 4,5% y 7,375%, respectivamente. 



En cuanto a las que están previstas hasta fin de año, figuran en carpeta cuatro, incluyendo los u$s250 millones de remanente de la Provincia de Buenos Aires.



Al respecto, recientemente trascendió que el gobierno de María Eugenia Vidal intentará colocar en los próximos días el último tramo de deuda habilitada por la Legislatura para este año, por un total de $20.000 millones. 



El punto que aún falta definir es si la operación la harán íntegramente en el mercado internacional o si parte de la misma se coloca en la plaza local.



La otra emisión de bonos la realizó Santa Fe, por u$s250 millones y a 10 años de plazo. En este caso, la tasa fue del 6,9%, la más baja que se obtuvo para una colocación provincial.



La provincia designó al banco JP Morgan como coordinador global de la posible venta, junto con Citigroup y HSBC como entidades colocadoras. 



Otro que está a la espera de la "luz verde" que le permita endeudarse en ele exterior es el gobernador entrerriano Gustavo Bordet. La intención es conseguir una tasa que rondaría el8% con un bono de entre 7 y 12 años. 



La autorización que le confirió la legislatura provincial es por unos u$s400 millones, con la posibilidad de ampliar la emisión hasta los u$s750 millones.



Cierra la terna de anotados Tierra del Fuego, cuyo gobierno apura una emisión que espera concretar antes del 8 de noviembre, fecha en que se elegirá nuevo Presidente en Estados Unidos. 



Su urgencia responde a la preocupación por una posible modificación en la tasa de interés que podría disponer la Reserva Federal de ese país. 



De concretarse todas estas operaciones, el total recaudado por las provincias en el año sumaría los u$s8.900 millones, lo cual implica un incremento del 7% frente al monto adeudado vía bonos de fines de 2015. 



En cuanto a lo que pueda suceder el próximo año, todo dependerá , una vez más, de lo que senegocie en el Congreso y de las condiciones de los mercados financieros internacionales.



Pero en líneas generales, la modalidad de financiamiento del déficit fiscal provincial para 2017 será similar al observado este año, en el que la mayor parte de la brecha ha sido cubierta mediante la colocación de deuda en los mercados externos.



Entonces, según CIPPEC, "se consolidará una estructura caracterizada por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera, siendo los tenedores de bonos los acreedores mayoritarios, relegando al gobierno nacional de su rol de prestamista principal".

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