Por qué el Gobierno rechaza el pedido de Highton para permanecer en la Corte

El Gobierno pidió a la Justicia que rechace la solicitud de la jueza Elena Highton de Nolasco para permanecer en la Corte a pesar de que la Constitución señala que debe jubilarse al cumplir 75 años, lo que ocurrirá en diciembre próximo.

La ministra del alto tribunal presentó un recurso de amparo ante el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico porque entiende que la limitación de edad para ser juez -introducida en la reforma constitucional de 1994- afecta la inamovilidad de los jueces en su cargo.

Lavié Pico, antes de resolver, pidió opinión al Estado sobre su postura. Y el Ministerio de Justicia, al responder, pidió que "se rechace la acción" presentada por la magistrada. El escrito enumera los argumentos en favor de una y otra postura y los antecedentes en los que el Estado tomó partido por una y otra posición.

A pesar de esta solicitud, una alta fuente del Gobierno aseguró: "No buscamos la salida de Highton de Nolasco del tribunal, estamos cómodos con la jueza". Y explicaron que en el escrito se oponen a que sea declarado inconstitucional un artículo de la Constitución nacional, y por eso sus reparos a lo que pretende la magistrada.

Indicaron que no pretenden alterar la conformación del tribunal, en el cual el presidente Mauricio Macri ya designó jueces a Carlos Rosenkrantz, un jurista de origen radical, y Horacio Rosatti, ex constituyente y ex ministro de Justicia de extracción peronista. Con esta conformación, la Corte quedó integrada y Ricardo Lorenzetti fue ratificado como su presidente e interlocutor con el Gobierno en temas institucionales.

En la Corte dijeron que no tienen una lectura sobre el asunto, que la ministra Highton indicó que el caso transite por los carriles legales y prefirieron no hacer otros comentarios sobre el tema.

En otras ocasiones, la Corte se pronunció sobre el límite de edad para integrar el tribunal. En el caso de Carlos Fayt, convalidó su permanencia en la Corte hasta su muerte, y lo mismo ocurrió con el juez Enrique Petracchi. Ambos habían asumido en el tribunal antes de la reforma constitucional de 1994, que impuso el límite de 75 años.

Highton de Nolasco llegó a la Corte en 2005, luego de la reforma constitucional, al igual que Eugenio Zaffaroni, que renunció al cumplir 75 años, y la jueza Carmen Argibay, quien falleció a los 74 años, en mayo de 2014.

El inciso 4 del artículo 99 de la Constitución dice que cuando un juez cumpla 75 años "será necesaria para mantener el cargo" una nueva propuesta del Gobierno ante el Senado y la aprobación de la Cámara alta. El nuevo nombramiento será por cinco años y se podrá repetir el trámite de manera indefinida.

La jueza señaló en su amparo que su cargo es vitalicio y no puede ser removida sino por mala conducta y que la Convención Constituyente no estaba habilitada para introducir esta modificación, porque el tema no forma parte del núcleo de coincidencias básicas aprobadas sobre las que se debía trabajar.

Al responder, el Ministerio de Justicia dijo que cuando la jueza asumió su cargo no cuestionó ni formuló "reparos ni reservas" a la limitación de edad y sostuvo que tampoco puso en marcha el mecanismo para volver a obtener acuerdo del Senado. "Tal posibilidad se encuentra expedita", dijo la cartera que conduce Germán Garavano.

Señaló que antes que nada el juez debe corroborar si el amparo es la vía para el reclamo, ya que debe comprobarse si se está ante una lesión concreta, inminente y real. Y dijo el Gobierno que el juez debe decir si es de aplicación la doctrina de la Corte establecida en el caso Fayt, que declaró nula la reforma del artículo 99, inciso 4.

Una primera postura es la del dictamen del procurador al tener que decidir en el fallo Fayt. Dijo entonces el procurador que la inamovilidad de los jueces en su cargo no estaba afectada por la reforma constitucional. Y que esta postura fue sostenida por diversos ministros de Justicia en otros casos desde 2010 y por las constituciones de Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica y México, entre otras.

La segunda postura es la que adoptó la Corte al respaldar a Fayt y a Petracchi. En esos casos, el Ministerio de Justicia consintió los fallos y otros de instancias inferiores.