QPS / Política
Andrés Suriani

Andrés Suriani

Concejal

Política migratoria / Para todos aquellos que quieren habitar suelo argentino

Sobre las medidas de control migratorio del Gobierno nacional.

Para todos aquellos que quieren habitar suelo argentino

La necesidad de que se establezca un control migratorio más severo y se disponga la expulsión de aquellos extranjeros que delinquen es una cuestión que de ninguna manera puede estar sujeta al falso sentimentalismo propio de quienes tratan siempre de ver en las medidas de Gobierno una fría lejanía con la realidad diaria que vive el hombre común.

En esta cuestión no se pretende crear una política discriminatoria ni persecutoria basada en un prejuicio xenófobo sino simplemente ejercer el resorte básico de todo Estado, que consiste en tomar conocimiento de los antecedentes penales que pueda tener quien pretende ingresar al territorio argentino. La amistad histórica con los países vecinos y los fuertes lazos culturales que nos unen a ellos no se pueden ver alterados ante el avance de estas medidas porque se tratan de políticas dirigidas a expulsar exclusivamente a delincuentes.

Quien provenga del exterior sin antecedentes penales, ni otras circunstancias que lo vinculen a actividades ilícitas, de ningún modo se encontrará impedido de residir y llevar una vida pacífica en nuestro país. Ya el mismo preámbulo de nuestra Carta Magna, norma que define nuestra sistema democrático y liberal, representó en diversas etapas de nuestra historia la bienvenida a miles de inmigrantes que ansiaban cooperar en el engrandecimiento de nuestra Nación. Esas etapas claves- generación del 80´ y comienzo del siglo XX- que nos consolidaron como un país de primera, como ´´una especie de Europa periférica, una agencia de todo lo bueno que había en el mundo, una puerta de esperanza´´ según el diplomático y escritor Abel Pose, distan mucho de la realidad actual de nuestro país. Quienes ingresan a diario a nuestro país son muy diferentes de ese hombre europeo laborioso y abnegado que buscaba adoptar una nueva Patria, trayendo su cultura y oficio.

La seguridad fronteriza, la lucha contra la droga y la delincuencia en general, la cantidad, calidad y capacidad de quienes vienen a residir a nuestro país, el gasto que se ocasiona por justicia, traslados, policía, seguridad en el tratamiento a las personas que se encuentran en una situación de ilegalidad no son ocupaciones menores en el manejo de recursos públicos, son gastos que afrontamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y, en definitiva, es una materia propia e indelegable de la planificación estatal a largo plazo que en algún momento debíamos definir como política de Estado.

Si bien los primeros pasos en esta cuestión ya fueron dados y después vendrá una serie de medidas a definirse que establecerán un complejo más expedito para quienes infrinjan las normas, resulta evidente que la deportación de delincuentes a la justicia de sus respectivos países es una disposición investida de legitimidad y derecho incuestionables, sin ningún atisbo de abuso, y que como Estado se puede y se debe adoptar.

Por Andrés Suriani, concejal de la Capital

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