Melisa Martel

Que Pasa Salta
#NiUnaMenos

La violencia que no cesa y sigue siendo una emergencia en “La Linda”

La ministra de Justicia y Derechos Humanos Pamela Calletti confirmó esta semana que se prorrogaría la emergencia de violencia de género en Salta.

La violencia de género que vivimos en Salta quedó a la vista del mundo enteró tras el crimen de las turistas francesas que tiño la Quebrada de San Lorenzo rojo.



Las muertes de mujeres salteñas sucedían y pasaban sin pena ni gloria por los titulares, hasta que el violento ataque sexista que sufrieron Cassandre Bouvier y Houria Moumni dejó a la luz las atrocidades que se cometen en La Linda.



El hallazgo de sus cuerpos conmocionó a salteños, argentinos, franceses y habitantes del mundo entero. Salta dejaba de posicionarse como el destino turístico más seguro para ser la casa de femicidas.




Y así fue que, de a poco, funcionarios y distintos poderes estatales comenzaron a mirar un poco más de cerca una problemática que por muchísimo tiempo, quizás desde siempre, se miró de reojo.




La violencia machista existe, nos corrompe, nos vulnera, nos invade desde todas las aristas. Hace creer que las mujeres son objetos descartables y, a pesar de haberse comenzado a visibilizar, parece hacerse todavía más difícil de erradicar.



Desde el aberrante asesinato – y violación- de las turistas francesas en 2011, a la fecha se registran 92 asesinatos de mujeres en manos de femicidas  en Salta. Según datos brindados por el Registro Nacional de Femicidios y notas periodísticas, en la provincia se registraron  19  muertes en 2011, 19 muertes en 2012, 14 muertes en 2013, 16 muertes en 2014, 17 muertes en 2015 y en lo que va del 2016 van muriendo 7 mujeres en manos de sus ex parejas.



En septiembre de 2014, sin que los asesinatos de mujeres cesen de un año a otro, el Gobierno decretó la emergencia social por violencia de género en todo el territorio provincial. El decreto de emergencia tenía  una validez de dos años  y  su eje central sería realizar acciones y generar políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones. Hoy, a dos meses de la caducidad de la emergencia, las mujeres siguen muriendo, las denuncias por violencia de género, en todas sus expresiones no cesan, y se siguen vulnerando derechos de las mujeres, incluso desde el propio Estado, que en casos de violaciones y protocolos de aborto no punible mira para otro lado.



Prorrogar un decreto de emergencia no suena muy alentador ¿no? Teniendo en cuenta que  la Emergencia propiamente dicha sigue estando luego de dos años. Bombos, platillos y mucho humo para un problema social que si no se elimina de raíz no se elimina y que si no cuenta con el real acompañamiento de las políticas, no sirve.



El 1 de octubre de 2014, con gran cantidad de familiares de las víctimas esperando condenas, por primera vez en Salta se aplicó una sentencia con el agravante de la figura del femicidio contemplada en el artículo 80, inciso 1 de la ley 26791, la violencia de género e incluida en el Código Penal. La Justicia condenaba a Héctor Ramón Ávila, a perpetua por el asesinato de su ex pareja Norma Argentina Ledesma, con un tiro en el pecho, en diciembre del 2012. Dos años de letargo judicial para un mínimo consuelo a la familia.



Otro intento de respuesta fue la inauguración del Observatorio de Violencia contra la Mujer, el  miércoles 25 de noviembre de 2015, donde la entonces ministra de Derechos Humanos de la Provincia de Salta, Marianela Cansino,  explicó que buscarían analizar las políticas públicas implementadas y proporcionar insumos para mejorarlas en la lucha contra la violencia de género. El tiempo pasó y a ocho meses de su apertura la provincia carece de un registro oficial de femicidios. Intenciones hay  pero si falta apoyo del poder legislativo, ejecutivo y judicial, poco sirven.



Hay pronunciamientos y recomendaciones para el tratamiento de casos, pero las políticas generadas aún no llegan a visibilizarse. Llamativamente, corriendo tras la liebre, el pronunciamiento sobre la casi designación de Robbio Saravia a juez, con denuncias de género de por medio, fue luego de que el caso quedó expuesto en los medios. Ni hablar mejor del caso de Juana, porque aparentemente las violaciones del interior no son el fuerte del Estado. ¿Es un organismo autárquico o responde al gobierno?



Finalmente, Salta es una de las pocas provincias con dos sentencias de femicidios donde los cuerpos de las víctimas jamás aparecieron. Me pregunto si estos son avances realmente o dejan más a la vista la desprotección de las mujeres en  suelo salteño. Llegar más lejos con las condenas no genera el cese de muertes. Las mujeres siguen y seguirán muriendo hasta que el Estado sea capaz de generar un halo de protección más allá de las denuncias formales. Las violaciones son un hecho naturalizado donde basta  con ver las sentencias judiciales para espantarse de lo cotidiano que se torna el abuso a mujeres y niñas. La solución de la problemática no pasa por las condenas, definitivamente pasa por la garantía de que se cumplan los derechos que toda mujer tiene.



Termino con palabras que escuché decir a Mónica Menini “Muchachos siéntense a pensar todo lo que están haciendo, de vuelta”. 

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