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Preocupación macrista / La oposición apura la ley de emergencia social y la consideran una "bomba fiscal"

Quieren que la próxima semana obtenga la media sanción del Senado. Con los tiempos legislativos muy justos, el jueves habrá una movilización de sectores sociales y sindicales y se sumarían legisladores de toda la oposición. Temen por un posible veto presidencial.

La oposición apura la ley de emergencia social y la consideran una "bomba fiscal"

El Gobierno puede enfrentarse esta semana a uno de sus mayores escollos en el ámbito del Congreso: la oposición está determinada a impulsar en el Senado el proyecto de ley de emergencia social, que establece un refuerzo del 15% para las asignaciones sociales por el término de un año y dispone la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo a través de planes sociales.

La iniciativa fue avalada por todo el arco opositor, que logró reunir casi 30 firmas en un plenario de comisiones de Trabajo, de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo.

Una de las razones es que el proyecto, impulsado por los senadores del FPV, Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna, y Jaime Linares, del GEN de Margarita Stolbizer, también es apoyado por movimientos sociales y el arco sindical en su totalidad (la CGT y la CTA).

De hecho, el próximo viernes habrá una marcha en la que pedirán que se apruebe este proyecto. Los organizadores esperan juntar cerca de 200.000 personas como una forma de mostrar poder y de advertir sobre el alto costo político que podría tener un eventual veto presidencial.

Es que el Gobierno argumenta que aprobar una norma de estas características tendrá un fuerte impacto en las arcas públicas y llegaría a desfinanciarlas.

Pero  el peronismo (no solo al Frente para la Victoria, sino también el Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista), ultima detalles de un proyecto de ley que permita juntar los fondos para hacer frente a las futuras erogaciones.

Se estima que solo el costo del aumento del 15% para las asignaciones para los dos últimos meses de este año será de 1.500 millones aproximadamente y de 7.700 millones de pesos para 2017.

La solución que encontraron y que están puliendo en una propuesta encabezada por el exgobernador bonaerense Felipe Solá es financiar este incremento con impuestos a las máquinas tragamonedas, a la renta financiera y a la minería.

No sería difícil para el peronismo avanzar con estos proyectos, ya que también cuentan con el aval del GEN de Margarita Stolbizer y parte del radicalismo, en especial, al que responde a Ricardo Alfonsín.

Para el hijo del expresidente es necesario un “acuerdo” entre el Gobierno, empresarios y trabajadores y pidió “proporcionalidad” en el esfuerzo ante la “difícil” situación del país y destacó que “nadie se puede oponer a hacer algo que pueda llevar bienestar a la gente aunque sea por una cuestión electoral pero habrá que ver si se puede realizar”.

¿Extraordinarias? Los tiempos parlamentarios dan “justo”. El peronismo pedirá incluir la iniciativa en el Senado el próximo miércoles cuando se trate el proyecto que establece la Participación Pública Privada (PPP) en obras públicas que tanto interesa al oficialismo.

De allí, debe ser girada a Diputados y obtener dictamen del plenario de comisiones antes del 20 de noviembre, fecha límite que fija el reglamento y ser tratada antes de fin de mes.

La oposición de la cámara baja cree que tendrá el tiempo suficiente para aprobar la norma durante las reuniones que quedan para el resto año. 

Desde el Movimiento Evita, cuyo referente, el diputado Leonardo Grosso, fue el impulsor de la iniciativa, creen que se van a extender las sesiones ordinarias hasta mediados de diciembre porque el Gobierno quiere tratar diversos proyectos antes del receso del Congreso.

Si no hay respuesta positiva, no se incluye en un temario de extraordinarias o si es vetada, habrá una nueva movilización.

Para Grosso, que “no se puede echar por tierra de antemano una ley que cuenta con apoyo amplio de todas las fuerzas políticas de la oposición y que representa un acto de justicia para los sectores más postergados de nuestra sociedad”. 

Y consideró que si Macri veta la ley estaría cayendo en la hipocresía de prometer pobreza cero mientras le suelta la mano a los más pobres”.

Desde Cambiemos prefieren ir paso por paso y esperar que se sancione en la cámara alta para luego definir el panorama. No se animan a arriesgar un escenario ante un posible segundo veto de Mauricio Macri (el primero fue en mayo cuando desechó totalmente la denominada ley antidespidos).

Qué dice el proyecto. La iniciativa, en sus fundamentos, realiza un diagnóstico letal para el primer año de gobierno de Mauricio Macri: 13 millones de pobres, 2,3 millones de indigentes, más de 2 millones de argentinos con problemas de empleo, caída de los planes REPRO, los Programas de Trabajo Autogestionado, y los de Incentivos de Reinserción Laboral, una inflación estimada en 45%para 2016, caída del 12% en el salario real de los trabajadores registrados, 40% de la población receptora de programas sociales.

Por ese motivo, considera necesario declarar la emergencia social por el término de un año, pero dejaría firmes las instituciones que vayan a ser creadas como consecuencia de esa normativa.

Y establece un Salario Social Complementario en un plazo no mayor a 180 días para una masa de beneficiarios que podría ascender a 3,5 millones de trabajadores de la economía informal. Esta propuesta se basa en la necesidad de unificar los programas de empleo y  proveer de una herramienta que ampare a los trabajadores más vulnerables.

El proyecto instruye al Ministerio de Desarrollo Social “a crear un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio nacional”.

Para financiar el proyecto se da potestad al Gobierno para que lo defina, ya que es quien debe asignar las partidas pero sugieren impuesto al juego, retenciones a la minería y gravamen a la renta financiera.

Abal Medina señaló que “si bien el proyecto supone una erogación importante para el Estado Nacional, lo hace de manera responsable y cuidando el equilibrio fiscal, por lo que la creación de estos nuevos empleos será paulatina y gradual, y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias del Gobierno”.
 
Por otra parte, convoca a un Consejo de la Economía Popular con el objetivo de fijar el salario social complementario, destinado a que todos los trabajadores informales tengan un ingreso con el que cubrir la canasta básica. 
 
Dicho Consejo estaría integrado por representantes del Gobierno y las organizaciones sociales.

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