QPS / Política
Federico Dada

Federico Dada

Representante del Gobierno de Salta ante ENACOM

Escenario temido / La industria del cine y el audiovisual en alerta

El cine argentino generó ingreso de divisas, inversiones privadas, y creó y mantuvo empleo calificado.

La industria del cine y el audiovisual en alerta

Hace poco más de un año, la UNESCO dio a conocer el primer mapa mundial de las industrias culturales. El estudio reveló que representan el 3% del PIB mundial, y al emplear al 1% de la población activa mundial suman más puestos de trabajo que las industrias automovilísticas de Europa, Japón y Estados Unidos juntas.

En Argentina, según datos del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), el sector cultural aportó a la economía en los últimos años más del 3% del Valor Agregado Bruto total y más de 340.000 empleos.

Este crecimiento se explica en buena parte por el alza sin precedentes que tuvo la industria audiovisual nacional (películas, series de ficción y documentales) en la última década. El cine argentino generó ingreso de divisas, inversiones privadas, y creó y mantuvo empleo calificado, lo que se tradujo en más películas con peso en la taquilla, muchas de ellas premiadas en los festivales más importantes del mundo; y una participación de mercado entre las más altas de la región.

La continuidad del apoyo al cine por parte de un gobierno que pulverizó de raíz todo lo relativo a la gestión anterior, fue una excepción celebrada. La llegada de Alejandro Cacetta al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), elegido por consenso unánime de todo el sector, ratificó el rumbo de crecimiento sostenido y proyección internacional.

Sin embargo, su forzada salida, excusada por la fachada de una interna política y una burda operación mediática, puso en alerta a todos los actores de la comunidad audiovisual, incluidos directores y productores afines al Gobierno nacional.

El escenario más temido es una intervención del macrismo al INCAA, su reducción de fondos y de personal. En este punto, juega un papel clave el proyecto oficial de reforma y unificación de las leyes 26.552 y 27.078 en manos del Ente Nacional de Comunicaciones a través de una Comisión que después de un año de trabajo no presenta el anteproyecto de ley, se desconocen cómo fueron incorporados los aportes a su redacción, y es preocupante que no fueran escuchadas todas las instituciones interesadas, como las Provincias, el Consejo de Comunicación e Infancia (CONACAI) y el Consejo Federal de Comunicaciones, estos dos últimos frenados en sus funcionamientos.

En lo relativo al cine, la alarma la encendió un informe de la consultora FIEL, que le aconsejó al Gobierno hace dos meses eliminar el 10% incluido en las entradas de cine estipulado en la Ley 17.741 (representa 40% del Fondo de Fomento Cinematográfico), y suprimir el impuesto a los servicios de Comunicación Audiovisual (representa el 60% restante de financiamiento del Fondo) previsto en la Ley 26.522.

Este último impuesto es un canon mínimo que el Estado les cobra a las empresas audiovisuales como derecho a operar y hacer uso y negocios con frecuencias que pertenecen al país. Esto significa que el cine se autosustenta, puesto que el dinero no proviene de impuestos que paga la ciudadanía ni se le quita a los jubilados ni a la salud, sino que sale de inversiones privadas y de impuestos a multinacionales del sector audiovisual (cines y cadenas de cine, televisión, radios, cableoperadores, etc.) y vuelve al cine, aunque al nacional.

En este sentido, el anteproyecto de ley de convergencia genera dudas. La quita de impuestos que recauda ENACOM equivaldría a transferir recursos a multinacionales, en línea con otras quitas que ejecutó este gobierno a sectores como la minería por ejemplo. Si sucede esto, la producción de cine nacional podría pasar de 130 películas anuales a unas 10, la más baja de la historia, con la consecuente destrucción de miles de puestos de trabajo.

Una industria audiovisual sustentable debe afianzarse con más y mejor institucionalidad, con trabajo conjunto entre el Estado y las entidades que nuclean al sector audiovisual, y políticas que protejan y fomenten las obras audiovisuales nacionales, y no con decisiones sin consenso ni diálogo, ni medidas que atenten contra una industria que es motor de la economía, produce y exporta bienes culturales, genera miles de empleos, y construye y reafirma nuestra identidad como Nación.

 

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