La hipocresía de la emergencia en violencia de género en Salta

Juan Rosario Chicho Mazzone era intendente de El Bordo. Después de filtrarse fotos de el junto a menores en su casa y en panos menores fue destuido. Hace días terminó el juicio. Fue encontrado culpable por corrupción de menores, no irá preso y podrá presentarse en las próximas elecciones. La imagen del exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, sorprendido en un allanamiento en un cabaret en 2013 recorrió los medios nacionales. Absuelto en 2016 por la Justicia Federal hoy buscaría una banca en el Concejo Deliberante de ese municipio. Su reemplazante Rubén Méndez tiene tres denuncias en su contra. Cuenta con la protección de la Policía, la Justicia y la complicidad por omisión del Ejecutivo Provincial. El juez Federico Diez tiene denuncias por supuestas lesiones y amenazas con armas a su expareja. Su causa va de juzgado en juzgado por la excusación de colegas y amigos del imputado. En abril del año pasado le prohibieron al intendente de Campo Quijano Manuel Cornejo acercarse a su expareja a menos de 200 metros de distancia. Esto, por nombrar algunos casos y que salieron a la luz.

Enhorabuena el Observatorio de Violencia contra las Mujeres Rosana Alderete pidió esta semana sanciones ejemplares a funcionarios violentos. Son múltiples los casos que se conocen en la provincia pero en pocos que hay un castigo, deja gusto a poco.

El supuesto hecho de violencia en que el diputado provincial y dirigente sindical Jorge Guaymás se vio involucrado hizo reaccionar al Observatorio y diversos organismos. Tal vez tomó más fuerza y ganó en notoriedad al tratarse de un legislador opositor. Pero la violencia de género no debe distinguir colores políticos.

Hace poco más de un mes, Urtubey era consultado por las sucesivas denuncias contra el intendente de Salvador Mazza Rubén Méndez y respondió que sus funcionarios no tenían fueros. La definición fue contundente pero ni la Justicia ni funcionarios parecen haber tomado nota.

Para salir del paso el Gobierno achaca el problema a una “cuestión cultural”. Posan con consignas de “Ni Una Menos”, incorporan en su discurso la problemática pero encubren sistemáticamente a sus pares legisladores, funcionarios provinciales, municipales y de la Justicia.  Hay un perverso sistema montado para la protección de los políticos violentos. El problema también es político.

Salta fue la provincia con más femicidios por habitante en 2015. En 2016 quedó entre las siete primeras con 11 muertes. Este año ya son cinco las víctimas. Los recursos destinados no son los suficientes, no existe un plan integral para combatirla y tampoco se actúa con el ejemplo. Quiénes ejercen el poder deberían ser investigados con mayor celeridad y de comprobarse el hecho, sancionados con más dureza. Ese debería ser el mensaje a la sociedad.  

Guaymás prometió pedir licencia en su banca hasta que la cause finalice. No cumplió. En Olavarría (provincia de Buenos Aires) no podrán ser funcionarios quiénes tengan causas violencia de género. En Chaco, Río Gallegos y Mendoza echaron a funcionarios investigados. Mientras en Salta no se tomen estas medidas, la emergencia en violencia de género apenas quedará en una consigna demagógica e hipócrita.