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A la vista de todos / La dura editorial de La Nación sobre la usurpación de campos en Salta

El diario de tirada nacional dedicó varias líneas a la cruda situación que se vive en la provincia y que cobró fuerza con el caso del productor Bourlon.

La dura editorial de La Nación sobre la usurpación de campos en Salta

A continuación transcribimos lo publicado en la edición de hoy: 

Nunca es tarea ociosa predicar ante algunos argentinos y ciertas organizaciones de calle lo que establece la Constitución sobre la cual está organizado el país. Entre las libertades y los derechos fundamentales que consagra en diversos órdenes, dice en el artículo 17: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley". Así lo decidieron los constituyentes de 1853/60 y así quedó, sin alteración alguna, después de las reformas de 1866, 1898, 1957 y 1994.

La propiedad privada es un derecho humano tanto en cuanto a los bienes de uso personal como a los que permiten la producción y generan, al cabo, la riqueza por la cual se progresa en la vida colectiva de los pueblos. Sin ella el hombre se vería privado de un instrumento esencial para el desarrollo de su personalidad. Por el contrario, los resultados catastróficos de las tristes experiencias colectivistas, sobre todo en el siglo XX por la expansión de esos fenómenos a partir de la revolución bolchevique de 1918, deberían haber cerrado ya definitivamente las puertas a cualquier nueva tentación.

Las entidades agropecuarias se han alarmado en las últimas semanas por la ocupación en Salta del campo Tres Pozos, de esa jurisdicción, que se encontraba en plena producción por sus propietarios. Han hecho bien la Sociedad Rural de Salta y la representación provincial de Confederaciones Rurales Argentinas en protestar. El incidente debería movilizar las conciencias ciudadanas a fin de recordar que no sólo en ámbitos rurales, sino también en centros urbanos y suburbanos de todo el país la usurpación de predios, casas y departamentos se comete con harta frecuencia.

A veces con halos mafiosos, las usurpaciones se han producido en general con el aliento de dirigentes políticos o sociales que han hecho de esas estafas un instrumento práctico para el empinamiento en sus carreras políticas, cuando no un modus vivendi. El fenómeno se prolonga hasta la actualidad y es de fácil visualización en las tapaderas que se levantan para obturar puertas y ventanas de fincas por alguna razón temporaria deshabitadas a fin de impedir el ingreso de intrusos. Barrios como San Telmo y Constitución están plagados de ejemplos de esa índole.

El caso de dominio público que comentamos estalló el 28 del mes último en Tres Pozos, un campo de 1400 hectáreas del departamento de San Martín, en Salta, 260 kilómetros al noroeste de la capital provincial y a unos 100 kilómetros de la frontera con Bolivia. En ese campo de explotación forestal y ganadera, en el cual la recuperación de especies arbóreas se realiza cada 10 o 15 años con rotación por sectores, entró una veintena de individuos, que aún permanecen allí. Estarían, además, depredando bienes de esa propiedad.

En nombre de la familia propietaria del fundo, a la que pertenece, Huberto Bourlon denunció el delito en sede fiscal. La actuación de la funcionaria no sólo decepcionó por su lentitud, como suele ocurrir en no pocas situaciones de esta naturaleza; también ha llamado la atención del gobierno provincial, que pedirá el jury de enjuiciamiento para la fiscal Lorena Martínez. Se trata, desde su perspectiva, de establecer si existió de parte de ella incumplimiento "de los deberes inherentes al cargo".

Voceros de los ocupantes han invocado absurdos títulos inmemoriales de pueblos aborígenes, condición que, en el mejor de los casos, está cuestionada por los actuales propietarios: aducen que no se trata sólo de wichis, sino también de miembros de una comunidad conocida como Wellayec, asentada en territorio boliviano, y que hay, además, criollos involucrados en la operación. Es de sobra conocida la invocación de títulos supuestamente ancestrales, sobre todo en el sur patagónico, para apoderarse de lo que otros tienen bajo dominio legal argentino: allí hay decenas de campos usurpados en nombre de supuestos derechos mapuches, de tanta fragilidad de base como lo documentan los historiadores que se han referido al ingreso subrepticio de aborígenes chilenos en nuestra Patagonia en el siglo XIX.

Los títulos de propiedad de la familia Bourlon se hallan tan en orden legal como los que le fueron transmitidos hace muchas décadas por la familia Leach, que los poseía desde 1890. Los Bourlon han debido afrontar otros problemas parecidos al actual en los últimos diez años, lo cual no es llamativo a la luz de la política que estimularon no pocos funcionarios del kirchnerismo. ¿Estaría, entretanto, el gobierno de Salta en condiciones de negar que en la provincia se encuentran afectadas a usurpaciones otras fincas rurales, algunas de ellas de verdadera magnitud, cuyos propietarios por alguna u otra razón -la del temor, en primer lugar- no formulan las denuncias pertinentes?

Urge resolver en sede judicial el caso que comentamos. Lo justifican la gravedad y el peligro de extensión aun mayor que el existente de situaciones amparadas por el populismo demagógico, tan imbricado en la contemporaneidad en diversas esferas de la sociedad.

Está en juego un derecho sobre cuya importancia Juan Pablo II subrayaba en relación con los derechos del individuo y del bien común. La lesión del derecho de propiedad, decía, "destruye de hecho el espíritu de iniciativa" y "la subjetividad creativa del ciudadano".

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