Imputan a 38 funcionarios penitenciarios por hacer pasar hambre a presos en Salta
Pertenecen al Servicio Penitenciario Federal. Están acusados de actuar en connivencia con la empresa proveedora de alimentos.
A partir de una investigación iniciada a comienzo de año por el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba, se descubrió un antro de corrupción dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la que está involucrada la empresa encargada de la provisión de alimentos a los presos de las unidades carcelarias federales ubicadas en Cerrillos y General Gûemes.
Con la intervención del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone, pidieron ante el juez federal Nº 2, Miguel Antonio Medina, la indagatoria a 38 funcionarios del SPF, entre ellos a los directores nacionales que están en funciones desde 2012 hasta la fecha y las máximas autoridades de las áreas de administración, contrataciones y auditoría del organismo.
Los fiscales sostiene que la situación se tradujo en un "régimen de hambre", lo que generó graves padecimientos a los detenidos, producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa principal "la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación (SIAL)".
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