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#TaPalAnchi / Empresas recibieron millones de pesos de la Provincia a cambio de trabajos que nunca hicieron

Son al menos seis emprendimientos a los que se les rescindió el contrato por no cumplir con lo pactado. Les habían dado réditos fiscales y exención de impuestos.

Empresas recibieron millones de pesos de la Provincia a cambio de trabajos que nunca hicieron

Como estímulo a la producción y la generación de empleo genuino, en los últimos años, la Provincia de Salta otorgó fondos y beneficios impositivos a diferentes emprendimientos locales, que debían aprovechar lo recibido para potenciar sus producciones. El problema es que varias de ellas no cumplieron ni en lo mínimo. No pusieron ni la primera piedra de sus "nuevos" predios. 

Son 36 firmas las que accedieron a los créditos fiscales en 2017 para ampliar y modernizar sus plantas. Otras más fueron beneficiadas con exención de impuestos, según detalló El Tribuno. 

Al observar que los empresarios no habían iniciado con la construcción o ampliación de sus emprendimientos, el año pasado se rescindió el contrato a al menos seis de ellos además de iniciar acciones legales en su contra.  

El caso de Inteco se remonta al 25 de enero de 2011. Entonces, el disuelto Ministerio de Desarrollo Económico la eximió de los impuestos a las actividades económicas y de sellos, por ocho años, y le entregó certificados de crédito fiscal por $500.000.

Inteco debía montar una fábrica de artefactos de iluminación con tecnología LED. La Secretaría de Industria tardó años en comprobar que en el predio declarado, en calle Tucumán 1338, de la ciudad de Salta, no había actividad industrial ni personal ocupado. Algo semejante ocurrió con las restantes empresas que, como punto en común, también fueron eximidas del pago de impuestos por ocho años. 

A la firma Instituto del Riñón de Salta el Gobierno provincial le otorgó el 11 de diciembre de 2012 certificados por $3 millones, para que instale un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio Integral de Urología y Nefrología. Hasta marzo de 2013, la empresa había embolsado $1,5 millones, sin ejecutar la inversión proyectada. 

A Luis Alberto García Gómez, la Provincia le otorgó el 4 de septiembre de 2012 certificados por $900.000, para que ponga en servicio el hotel Patio de las Virreinas, en Colonia Santa Rosa. García Gómez embolsó íntegramente el monto de los certificados, pero ese establecimiento tampoco se habilitó y el organismo competente tardó una eternidad en certificarlo. 

El 8 de enero de 2010, Embotelladora Mosconi SRL accedió a certificados por $4 millones -que cobró en su totalidad- para instalar una fábrica de bebidas gaseosas y aguas saborizadas en El Tabacal (Orán). Con años de tardanza, el Programa de Créditos de la Dirección de Financiamiento Productivo comprobó que la supuesta planta estaba cerrada y sin signos de actividad. La maquinaria terminó vendida y el contrato fue rescindido recién el 21 de julio de 2017. 

El 25 de septiembre de 2012, la empresa Golfo de Jade recibió certificados por $1,8 millones, para construir un apart hotel en Coronel Moldes. El Ministerio de Cultura y Turismo tardó años en comprobar que la inversión privada no se hizo efectiva, como tampoco la ocupación de los puestos de empleo permanentes comprometida en el proyecto, pese a que los responsables de la firma habían cobrado íntegramente el monto de los créditos fiscales. El contrato fue rescindido el 7 de junio de 2017. 

El 23 de agosto de 2011 la empresa Tecnofrigo accedió a certificados de crédito fiscal por $1,5 millones para instalar una fábrica de equipos de frío en General Güemes. Tras la certificación de los trabajos iniciales, la firma embolsó $240 mil. Cuatro años después, el 2 de septiembre de 2015, la Secretaría de Obras Públicas informó al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable que la obra no avanzó más allá del cerco perimetral y algunos pozos de fundación. El contrato fue rescindido el 25 de septiembre de 2017. También en este caso, los únicos ocupados fueron los abogados de la DGR y la Fiscalía de Estado, en las demandas administrativas y judiciales por las exenciones y créditos fiscales usufructuados.

 

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