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El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, afirmó que es un derecho de las firmas echar personal y que si lo hacen es por "necesidad" y no por "perversidad".

Empresarios aclaran que no están obligados a mantener empleos

Después de verse presionados a firmar un acta acuerdo con sindicalistas y el Gobierno por la estabilidad del empleo, los empresarios del Grupo de los 6 (G6) salieron a aclarar lo obvio: que el documento sólo garantiza que se harán los mejores esfuerzos para evitar despidos, pero que no obliga a ninguna empresa a no echar personal.

Los sectores más comprometidos son la industria y la construcción, que cerrarán el año con 50.000 y 25.000 empleos menos.

En el segundo caso, las perspectivas de repunte son más alentadoras por la obra pública –de hecho, en el sector aseguran que hay 5000 puestos de trabajo nuevos–, pero la actividad manufacturera terminará el 2016 con una caída del 4,5% y no se avizoran mejoras por el momento. Con la excepción de unos pocos rubros, la mayoría atraviesa un escenario de fuerte contracción de sus ventas, en el mercado interno pero también en el exterior. La crisis brasileña tiene una gran incidencia, especialmente en el sector automotriz.

En este contexto, el vicepresidente de la UIA y abogado de la entidad, Daniel Funes de Rioja, era uno de los más reacios a sellar ese acuerdo. En diálogo con El Cronista, el además titular de la Copal planteó que así como no se podían crear 1 millón de puestos de trabajo por ley en el marco de la Ley de Emergencia, tampoco pueden evitarse despidos con la mera firma de un documento. Tras el encuentro, el empresario reiteró en declaraciones radiales que el acuerdo alcanzado el miércoles para evitar despidos es sólo una "exhortación a un esfuerzo común", ya que "legalmente" la central fabril "no tiene la facultad de obligar a no despedir".

Además, diagnosticó que "no hay una patología de despidos" en la actualidad y que es un "derecho" empresarial despedir gente, ya que "se hace por necesidad y no por perversidad".

Sobre la situación de las pymes, Funes de Rioja planteó que "no es razonable pensar que las pequeñas y medianas empresas, que están trabajando al 50% de su capacidad, uno le pueda decir que no ejerza un derecho que tiene por ley". "No se puede seguir aportando salarios y cargas sociales cuando el nivel de actividad no lo justifica. Eso no significa que no exista una exhortación a un esfuerzo común, pero una cosa es eso y otra, crear obligaciones que pueden tener contenido legal", aseveró.

Coincidió con Funes de Rioja el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Juan Chediack, quien sin embargo valoró la firma de este compromiso para "demostrar la intención de las partes de querer proteger el empleo".

"Es positivo que se refleje un problema que hay. La Argentina tiene una tasa de desempleo alta y es responsabilidad de los empresarios hacer todos los esfuerzos para cuidar a los trabajadores", afirmó el empresario, quien agregó que "también el sindicalismo se comprometió a mejorar el ausentismo y mejorar la productividad".

En el caso de la construcción, la ley 22.250 (de Trabajo para la Construcción) funciona como un seguro de desempleo, ya que todos los meses la constructora le deposita en una cuenta bancaria al empleado el 12% de su sueldo, por lo que cuando termina la obra, la firma le sella la libreta y puede cobrar lo que tiene acumulado. Este beneficio da algo de respiro a los trabajadores de este rubro, ya que implica una indemnización asegurada.

De todos modos, Chediack avizora un cambio de tendencia, ya que en su rubro se crearon ya unos 5000 empleos y se están firmando contratos de obras todos los días. "El 2017 va a ser un muy año para el sector", afirmó. Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, consideró que lo que está escrito refiere a "hacer los mejores esfuerzos para evitar despidos". "Además, tenemos la responsabilidad de hacerlo", aclaró el ruralista.

Desde el sindicalismo, algunos referentes también criticaron el acta acuerdo firmado el miércoles. El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que no cree que se cumpla el compromiso asumido. "No firmé el acta porque el Gobierno miente. El Presidente y el ministro Triaca son mentirosos; Si hay despidos, ¿voy a tener que ir a la casa del ministro de Trabajo?", se quejó Moyano.

También el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, conside ró que es una "ficción absoluta", ya que "no hay nada que permita verificar realmente una recuperación del empleo y mucho menos la creación de nuevos empleos".

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