Panorama complicado

Empieza una nueva ronda de paritarias, con demandas de aumentos de hasta 35%

Las mediciones oficiales de inflación empujaron las expectativas de los gremios por encima del 20% que propone el Gobierno; prevén una mayor conflictividad.

Con un tercio de los acuerdos salariales ya cerrados y sin visos de una caída drástica de la inflación, en el Gobierno siguen de cerca y con preocupación el comienzo de lo que será la temporada alta del ciclo de paritarias.



La inquietud oficial se acentuó por dos motivos. Uno fue que las últimas mediciones del Indec confirman que el aumento de los precios no se detuvo y que las metas inflacionarias que trazó el Banco Central (de entre 12 y 17 por ciento) difícilmente se cumplan.



El segundo punto es que las demandas sindicales están por encima de la pauta salarial que el Ministerio de Trabajo pretende convalidar para este año, lo que derivaría de manera inevitable en conflictos sectoriales, sobre todo en el ámbito privado. El alza que reclaman los gremios oscila entre el 25 y el 35%.



Desde el ministerio que encabeza Jorge Triaca, en cambio, sugieren acuerdos en torno al 20%, con cláusulas gatillo de renegociación en caso de que la inflación sea superior. El Gobierno reforzará esta pauta con la paritaria de los estatales de UPCN, que se firmaría en los próximos días, con un alza de 21% anual a pagarse en dos cuotas.



Hay varios gremios que están con su paritaria vencida y con las negociaciones empantanadas. Uno de ellos es la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que ya definió un nuevo plan de protestas a partir del 23 del actual, cuando finalice la conciliación obligatoria dictada tras los paros parciales que empezaron hace un mes en las principales fábricas del país.



El jefe de la UOM, Antonio Caló, dijo que "el Gobierno presiona a los empresarios para no dar aumentos más arriba del 21%". El pedido del gremio de los metalúrgicos fue un incremento de 25%, pero la oferta de las cámaras del sector no alcanzó el 20%.



Hubo también conflicto por despidos con los colectiveros de larga distancia de la UTA y con los metrodelegados del subte metropolitano, que piden no ser excluidos de la negociación por el gobierno porteño, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Ambos sindicatos piden un 30% de suba salarial, en el marco de una negociación que estará marcada por las definiciones en el reparto de subsidios estatales.



También escaló en los últimos días el conflicto con el sindicato de la Alimentación, que el jueves pasado puso en marcha paros en distintas fábricas. Héctor Morcillo reclama un 30% de aumento. En esta pulseada se da un hecho curioso: Alimentación no recibió el bono de fin de año de $ 2000 que el Gobierno acordó con la CGT y las principales cámaras empresariales en 2016 a pesar de que la Copal, que lidera el empresario Daniel Funes de Rioja, suscribió ese acuerdo.



La federación de aceiteros, que se jacta desde hace dos años de cerrar la paritaria récord, solicitó a las tres cámaras del sector una suba de 35,7%. El porcentaje exigido responde al cálculo que hace anualmente el gremio de lo que debería ser el salario mínimo de un trabajador de modo de asegurarse "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones y previsión", tal como lo establecen la ley de contrato de trabajo en su artículo 116 y la Constitución nacional en su artículo 14 bis.



Los gremios químicos son otro sector que mantiene su negociación en curso. La interna entre las dos federaciones condiciona por ahora el avance de la paritaria. El grupo de Rubén Salas, adherido a la CGT, pidió un 32% de aumento, mientras que el de Fabián Hermoso, que comulga con el macrista Gerónimo Venegas, estaría dispuesto a aceptar una suba de 20%.



Pendientes de definición

En junio, la expectativa salarial se focalizará en el desenlace de las paritarias de Sanidad y de los camioneros, dos gremios de peso.



El primer caso toma relevancia sólo porque es el gremio de Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Cerca de Daer rechazan seguir por la senda que trazó su par cegetista Carlos Acuña, que selló un aumento de 20% anual en dos cuotas para el personal de estaciones de servicio. Juan Carlos Schmid, el otro jefe cegetista, se encuentra también en una encrucijada: las paritarias de los portuarios y marítimos estarán atadas a la nueva ley de marina mercante que impulsa el Gobierno, que pretende reducir costos para generar más competitividad. Algo similar sucede con los petroleros y los mecánicos del Smata.



La negociación de los camioneros, en tanto, se anticipa conflictiva. Pablo Moyano, el número dos del sindicato, señaló en declaraciones a Clarín que buscarán un acuerdo salarial entre el "30 y 34%". Sin embargo, desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) divulgaron el índice de costos del sector con cifras no muy alentadoras, lo que se interpreta como una advertencia al gremio de que ese porcentaje sería difícil de alcanzar.



En reserva, en el Gobierno hay funcionarios que consideran inviable cerrar el año con una inflación de 17%, como estimó el Banco Central. Ahora, la expectativa oficial es no superar el 20%. Pero eso dependerá, en gran medida, de los aumentos de las tarifas y del transporte público que se prevén para después de las elecciones de octubre.



A pesar del anhelo oficial de negociar a futuro, la paritaria de este año mantendrá un ojo en 2016. Más aún cuando en el propio gobierno reconocieron que el año pasado hubo una caída aproximada de un 7% en el salario real. Por esta razón, todos los tratos incluyen ahora una cláusula gatillo para reabrir la negociación en caso de que la inflación sea mayor. Pero allí también puede haber un trampa: en el acuerdo bancario, por ejemplo, el eventual ajuste se haría de manera automática, mientras que en el acta de Comercio se firmó un "compromiso" para volver a negociar.

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