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A contrarreloj / El peronismo va por más fondos para las provincias y quiere un límite a los "superpoderes"

Gobernadores y legisladores prometen "gobernabilidad" y piden que se efectivice la promesa de limitar el manejo de dinero discrecional del jefe de Gabinete. Temen que una modificación del impuesto a las ganancias impacte en las cajas provinciales y les impida avanzar con la obra pública.

El peronismo va por más fondos para las provincias y quiere un límite a los "superpoderes"

Cada vez falta menos para que se discuta el Presupuesto en el Congreso, pero la distancia entre lo que ofrece el Gobierno y lo que solicitan los mandatarios provinciales y líderes sindicales para apoyar el proyecto es muy grande.

 

Los gobernadores piden cada vez más fondos al Estado nacional para cerrar sus propios números para el próximo año. En concreto, solicitan la coparticipación total del impuesto al cheque, el reparto automático y de acuerdo a los índices de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la prórroga del endeudamiento de las provincias con la Nación, la creación de un fondo de convergencia para atender a los sectores más pobres de la población y la fijación de un mecanismo automático para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias transferidas a la Nación.

El Gobierno sabe qué puntos sensibles del proyecto deberá consensuar con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista y los senadores peronistas dado que el oficialismo esprimera minoría en diputados y cuenta con solo un puñado de integrantes en el Senado.

El oficialismo debe enhebrar un delicado consenso con la oposición ya que tiene puntos que no está dispuesto a modificar como el monto que pedirá para endeudarse-que será elevado- el déficit fiscal, y la ley de responsabilidad fiscal.

En ese acuerdo batallarán los gobernadores -claves para votar el proyecto en el Senado-, quienes buscaran tener la mayor cantidad de obras públicas, y eludir la ley de responsabilidad para poder endeudarse sin pedir autorización al gobierno nacional, como lo establece esa norma.

Además, desde el peronismo remarcan que el macrismo prometió, durante el debate para pagarle a los holdouts, enviar al Congreso un proyecto de ley que limite los superpoderes para manejar el gasto. Si bien dicha promesa fue ratificada por todos los funcionarios oficialistas, aún no ingresó ningún proyectal Poder Legislativo por este tema.

El Senado avaló un proyecto del mendocino Julio Cobos y los diputados peronistas quieren aprobarlo si se incumple con dicha promesa.

La cuestión es que se trata de dar marcha atrás con la reforma al artículo 37 de Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control que Cristina Kirchner impulsó en 2006 como senadora para su esposo presidente.

"Hay que automatizar envíos de fondos a las provincias. Sería bueno que se pueda definir qué fondos se pueden enviar automáticamente", apuntó el pampeano Carlos Verna, que también pidió reducir los "requisitos" exigidos a las provincias para poder financiarse con deuda.

El diputado PRO, Luciano Laspina, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, admitió la posibilidad de modificar esa ley, pero aclaró que buscarán fijar un límite a la toma de deuda para no poner en riesgo el déficit fiscal.

El diputado nacional del Bloque Justicialista Diego Bossio aseguró que el nuevo presupuesto para 2017 “tiene muchas facultades extraordinarias” por lo que todo lo que se vote “queda en abstracto” ya que después el jefe de Gabinete “puede hacer lo que quiere”.

“Le agregaron un artículo, el artículo 51, con el cual hay un super jefe de gabinete plus”, añadió el ex titular de la ANSES.

El proyecto de presupuesto 2017 presentado en el Congreso por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, en su artículo 51 otorga al jefe de Gabinete la facultad de “crear unidades ejecutoras especiales para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio, pudiendo disponer de las partidas presupuestarias necesarias para determinar la estructura, el funcionamiento y la asignación de recursos humanos que correspondan”.

En la discusión también se tendrá en cuenta la modificación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, pero la mayoría de los gobernadores no quiere que se disminuya la recaudación de este tributo, que se distribuye de acuerdo a la ley de coparticipación federal.

El próximo paso de legisladores y gobernadores peronistas para conseguir cambios en el presupuesto del año que viene está definido: los jefes provinciales serán los encargados de reclamarlos, en persona y por separado, a la Casa Rosada.

De todas maneras, reconocieron que van a colaborar con la "gobernabilidad". Es decir, no dejarán al Poder Ejecutivo sin presupuesto, pero buscarán “marcar la cancha”, teniendo en cuenta que el año próximo hay elecciones legislativas y que no solo el Gobierno nacional se juega parte de su futuro, sino también ellos mismos.

Los mandatarios provinciales pretenden una "gobernabilidad recíproca" en el sentido de que la Nación también colabore con las provincias.

Qué quiere el peronismo. En concreto, buscan la recuperación presupuestaria de los Estados provinciales a través de:

Coparticipación total del impuesto al cheque: hoy las provincias reciben sólo el 30% de ese tributo.

ATN coparticipables, en virtud de que los fondos se subejecutan y cerca de la finalización del año lo que queda se distribuye rápido, mal y discrecionalmente.

Postergación del pago del programa de desendeudamiento ordenado, ya que "no tiene sentido" que las provincias deban salir al mercado de capitales a pedir dinero, y le paguen la deuda al Estado Nacional. Este punto sería por un año.

- La creación de un fondo social, a repartir según las necesidades de los habitantes de la Nación, con fondos provenientes de obras que figuran en el presupuesto y no fueron declarados como prioritarias.

Como primera medida buscarán garantizarse la obra pública. Remarcan la preocupación que tienen por “la excesiva inversión dentro de la Ciudad", en desmedro de provincias en las que se registran enormes problemas de desigualdad.

Ejemplificaron que, de acuerdo a la iniciativa,  el distrito porteño y Buenos Aires se llevan el 36% de los recursos, contra el 15 que recibe el norte del país.

"Estamos llegando al límite de nuestra capacidad como gobiernos provinciales para atender a los sectores más vulnerables. Eso no se hace mediante el acomodamiento de variables de la macroeconomía, sino con un Estado presente", concluyeron.

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