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Lo que viene / El nuevo plan económico de Prat Gay, lejos del ajuste fiscal y con las legislativas 2017 como prioridad

El Gobierno admitió un relajamiento en su objetivo de reducción del déficit fiscal. Y, ante la lentitud en la concreción de inversiones privadas, pone el foco en la obra pública como factor reactivador. Macri está convencido de que sólo si gana las legislativas 2017 podrá seguir con las reformas.

El nuevo plan económico de Prat Gay, lejos del ajuste fiscal y con las legislativas 2017 como prioridad

El plan económico de Mauricio Macri está recibiendo munición gruesa desde todos los costados.

Por el lado de quienes "lo corren por derecha", el motivo principal de enojo es el "relajamiento fiscal", que ya fue admitido por el propio Alfonso Prat Gay en la presentación del Presupuesto 2017.

 

Para el gusto de los economistas liberales, el programa oficial ya era demasiado gradualistaen cuanto al recorte del déficit. Para peor, ese objetivo se hizo todavía más laxo.

Además, lo que irritó a los cultores del equilibrio fiscal no fue tanto la nueva cifra del "agujero" previsto (4,2% del PBI el año próximo), sino las justificaciones que dio el ministrode Hacienda.

Prat Gay culpó, por un lado, a la "reparación histórica" a los jubilados que le ganaron juicios al Estado y, por otra parte, al freno que impuso la Justicia al "tarifazo".

Ambos argumentos tienen un fuerte olor a excusa.

El primer punto (pago a jubilados) no debió haber sido una sorpresa para el ministro, ya que fue una de las promesas de campaña y, además, el plan era financiarlo con el ingreso fiscal extra que traería el blanqueo.

En cuanto al segundo aspecto (tarifazo), fue el propio Prat Gay -en un momento en el que quiso tomar distancia de los aumentos exorbitantes propuestos por Juan José Aranguren- quien recalcó que él no había solicitado semejantes incrementos.

Más aun, argumentó que para la elaboración de su programa fiscal había tomado en cuenta una suba gradual en las boletas y no tipo "shock".

De manera que todos interpretaron que el verdadero motivo de la laxitud fiscal viene porotro lado.

Más concretamente, a raíz del calendario electoral y de la necesidad de mostrar unarecuperación de la actividad económica de cara a las legislativas de 2017.

Hay críticas de todos los tonos. Incluso, la consultora Economía & Regiones -fundada por el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio- es una de las más duras.

Señala que el intento de reimpulsar la economía a partir del empuje fiscal "no ataca losproblemas de fondo que atentan contra la inversión privada, la acumulación de capital, la ganancia de productividad, la generación de empleo y el crecimiento de largo plazo".

Su diagnóstico es que mientras no disminuya el gasto público y la presión tributaria -una de las más altas de la región-, seguirá siendo una utopía la "lluvia de inversiones" anunciada por el Ejecutivo.

Por otra parte, pone en duda la consecución de la meta inflacionaria de 17%, alegando que el proceso de suba de precios responde más a un problema fiscal que monetario.

Más crudo aun, el economista Javier Milei -un liberal que gana presencia en los medios de comunicación por su histrionismo y vehemencia- califica como "mamarracho" al Presupuesto 2017.

Tras definir a Prat Gay como "ultra keynesiano y socialista", afirma que el plan para 2017contempla objetivos ocultos, como el de:

-Incrementar la presión impositiva en 0,7 punto de PBI

-Aumentar el gasto de capital un 32%

-Aplastar artificialmente el tipo de cambio vía mayor endeudamiento

Por otra parte, Milei pone en duda que se vaya a bajar el rojo fiscal al 4,2% (que es el objetivo) e indica que superará el 5%.

Otros economistas también critican el "giro populista" si bien, al mismo tiempo, se muestran comprensivos de los límites que impone el contexto político.

En este sentido, el analista Federico Muñoz recuerda que "la historia ha sido impiadosa con los Gobiernos derrotados en las elecciones legislativas de medio término. Especialmente, con aquellos no peronistas".

Tras admitir su "frustración" por la lentitud de la reformas, observa que "la estrategia económica óptima (una reducción más rápida del déficit) quizás no sea la más adecuada en un año electoral".

Recuerda que el nivel relativamente bajo de deuda pública (23% luego de restar las obligaciones intra-sector público) da cierto margen de maniobra para "bajar la ansiedad y tolerar desvíos temporarios".

La deuda, el regreso del viejo demonio. A las críticas "por derecha" recién mencionadas se les suman las que vienen por el "flanco izquierdo", que hacen hincapié en la propensión del gobierno de Macri endeudarse.

Muchos de los economistas que defendieron el modelo económico kirchnerista advierten que el equipo económico está incurriendo en un "clásico argentino".

Concretamente, en el de pedir crédito externo no tanto para canalizarlo en inversiones en infraestructura, sino para estabilizar artificialmente la economía, dado que en parte se usará para financiar gastos corrientes de gobiernos provinciales.

Además -otra crítica favorita de la izquierda-, que el nivel de endeudamiento coincide con una fuga de capitales que se ubica en u$s25.000 millones desde la asunción de Macri (o de u$s15.000 millones netos si se le restan los ingresos de dólares financieros).

Esa situación, en la que el crédito obtenido puede terminar "financiando la bicicleta financiera y la fuga de capitales", permite a los críticos hacer analogías con momentos de alta especulación financiera.

En particular, con aquellos que luego desembocaron en crisis traumáticas, como la de los '70y la del tramo final de la convertibilidad.

En parte es comprensible que la crítica filo-kirchnerista se centre en el tema del endeudamiento externo.

Es, a fin de cuentas, una de las pocas "diferencias grandes" entre ambos gobiernos.

Esto es así dado que en su nueva fase de expansión fiscal (con tipo de cambio atrasado y estímulo al consumo), el plan económico macrista empieza a mostrar más parecidos que diferencias con el "modelo K".

Quienes más han denunciado esta semejanza, además de los liberales enojados por el déficit fiscal, son los sindicalistas.

Apuntan, con razón, que el Gobierno está incumpliendo una de sus principales promesas electorales: la reforma integral del odiado Impuesto a las Ganancias, de modo tal que no afecte a los asalariados de nivel medio.

Pero la necesidad fiscal tiene cara de "hereje" o, en este contexto, de recaudador impositivo.

Tal es así que el plan original fue mutando hacia uno gradualista y que contempla fuertes cargas impositivas para la clase media durante todo el período de gobierno macrista.

Desde el punto de vista fiscal, se entiende esa vocación gradualista de Prat Gay: el impuesto a las Ganancias representa $1 de cada $5 de la recaudación impositiva.

Esta cifra es demasiado alta como para que el Gobierno pueda darse el lujo de prescindir del aporte de los asalariados.

La situación trae, inevitablemente, reminiscencias del kirchnerismo: Cristina argumentaba que ese impuesto sólo afectaba a una élite de empleados de altos ingresos.

Incluso, les recriminaba a los sindicalistas por su falta de solidaridad, ya que no tenían en cuenta que lo recaudado por este concepto sostenía los planes de asistencia social.

Hoy, el Gobierno trata de hacer un equilibrio retórico: desde el discurso, sigue criticando el gravamen pero, en los hechos, adopta el criterio de Cristina.

Como para seguir sumando paradojas, mientras los sindicalistas se quejan, son los propiosgobernadores los que convalidan la permanencia del impuesto.

Es que al ser este ingreso coparticipable con las provincias hace que los mandatarios -peronistas en su mayoría- reclamen la continuidad del tributo como condición para seguir apoyando al Gobierno con sus votos en el Congreso.

 El mercado exige una victoria electoral. La respuesta a si el giro económico del macrismo es una estrategia correcta equivocada la darán dos indicadores. 


El primero, el de actividad económica. El segundo, claro, el resultado de las elecciones legislativas de 2017.

En cuanto al primer aspecto, la situación todavía es poco clara. El Gobierno y parte del gremio de los economistas se entusiasman con los "brotes verdes" que empiezan a verse tras la aguda recesión.

Informes como el del Estudio Ferreres marcan un punto de inflexión en agosto, con un tímido aumento de 0,3% intermensual del PBI.

En tanto, los reportes sectoriales indican mejoras en las ventas de cemento y un fuerte rebote en el sector automotor.

En este último rubro, no sólo de los patentamientos de autos familiares, sino en el decamiones equipados para la construcción y en maquinaria agrícola.

El dato más esperanzador fue la suba registrada en el sistema previsional en julio de los contratos de trabajo: 8.000 puestos, tras una saga de pérdida de empleo.

Hay economistas que se entusiasman con un posible incremento del PBI de hasta 5% para el año próximo. Pero lo cierto es que está pendiente de confirmación.

Hasta ahora, las estadísticas oficiales sólo siguen ofreciendo malas noticias, como la que dio cuenta de una contundente caída en la actividad económica en julio de casi el 6%.

En ese contexto, el Gobierno se muestra más jugado que nunca al impulso reactivador de dos clásicos del kirchnerismo: el consumo y la obra pública. En ambos rubros ya empieza a notarse un rebote.

Lo curioso es que el macrismo no sólo no rechaza las acusaciones de sus críticos sino que hasta parece tomarlas como base de su nueva estrategia política.

Al respecto, resultó ilustrativa la reivindicación que hizo el senador Federico Pinedo, para quien la Argentina está en un momento en el que debe privilegiar la igualdad por sobre elorden, o ciertos "valores de izquierda" por encima de los "de derecha".

"Cuando el Presidente decide aumentar la Asignación Universal por Hijo para un millón de chicos más, hacer la ley de Pymes para desgravaciones impositivas y aumentar su actividad o cuando decide pagarles el juicio a los jubilados, esas son medidas que buscan la igualdad", apuntó.

La picardía de disputarle al kirchnerismo el lugar de la izquierda del escenario político puede servir como típica "chicana" electoral, pero el mensaje entrelíneas es claro: la cuota de ajuste está agotada y ahora el Gobierno debe enfocarse en la redistribución del ingreso.

Muchos analistas ponen en duda el éxito de esta estrategia y temen que, en el fragor de la contienda electoral, el macrismo se desvíe de manera definitiva de su agenda de cambios.

"El debate sobre las cuestiones de fondo (las reformas estructurales, la calidad institucional, la competitividad, el futuro del empleo) sufrirá una nueva, costosísima y típicamente argentina postergación", ya advierte el politólogo Sergio Berensztein.

Pero el macrismo tiene un dato que justifica su convicción para el "giro populista" de sueconomía: los propios inversores externos le sugieren tomar ese camino.

En los foros empresariales, a Macri le ha quedado en claro que, mucho más que los indicadores económicos, a los "que ponen la plata" le interesa saber qué tan fuerte está su Gobierno desde el punto de vista político.

Hasta el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, en su reciente visita al país justificó el camino gradualista, bajo el argumento de que resulta socialmente imposiblesostener una reducción brusca del déficit fiscal.

En otras palabras, el mensaje que ha decodificado Macri es que todos, los de adentro y los de afuera, le piden un plan económico que privilegie la recuperación salarial y un repunte de laactividad.

Esto, aun cuando se haga a costa del relajamiento fiscal, del atraso cambiario, delgradualismo tarifario y de un aumento de la deuda.

En definitiva, un típico plan económico diseñado para ganar elecciones.

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