Insiste

El Gobierno reflota el debate por la boleta electrónica y los fondos de las campañas

Buscará tratarlos en 2018. El PJ frenó los cambios del sistema electoral el año pasado. La bisagra del mundial.

Cambiemos insistirá el año que viene con la ley para implementar la boleta única electrónica (BUE) en las elecciones y avanzará con una regulación del financiamiento de la campañas políticas, temas álgidos para negociar con el peronismo.



Y deberá hacerlo, porque las leyes electorales requieren mayorías agravadas, o sea, el voto de la mitad más uno de los recintos sin importar cuantas bancas haya vacías. Un número que no consiguió en la sesión que sancionó la reforma previsional en Diputados.



En la agenda que los líderes parlamentarios del oficialismo tienen en sus despachos figura la idea de debatir la reforma electoral en febrero, pero lo creen poco probable.




Apurar un consenso no tiene sentido si la idea es llegar a 2019 sin boleta papel, un objetivo no compartido por la mayoría de los gobernadores. Sus senadores frenaron la ley el año pasado y por ahora nada indica que hagan lo contrario si se vuelve a tratar. 



No es un tema fácil de resolver: aunque haya coincidencia en que imprimir millones boletas es un sinsentido, los esquemas alternativos no terminan de conformar a ningún sector de la oposición.



La BUE se usa en la Ciudad de Buenos Aires y Salta, pero las simulaciones de los hackers en el Congreso espantaron a los legisladores opositores. Cambiemos la aprobó en Diputados con apoyo del Frente Renovador, pero en el Senado no hubo forma.



Cuando el Gobierno fue denunciado de manipular el escrutinio provisorio en las primarias bonaerenses, Marcos Peña fue a la Cámara baja y propuso avanzar, si es necesario, con el sistema de boleta única de papel, utilizado en Córdoba y en la mayoría de los países del mundo.



Hay un problema: con la cantidad de partidos políticos que se presentan, la papeleta tendría dimensión de sábana. Impracticable, "salvo que aumentemos los requisitos para competir", suele proponer Jorge Landau, histórico apoderado del PJ. Ningún Gobierno quiere ser acusado de poco democrático y sin ningún beneficio a la vista.



La ley es trabajada por Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, y si bien febrero parece apresurado para tratarla, tampoco hay interés en demorarla demasiado.



"Después del mundial de fútbol empezarán las especulaciones electorales y nada será igual", coinciden en Cambiemos. El mundial empieza en junio.



El proyecto para regular el financiamiento de las campañas nunca llegó al Congreso, pero Rogelio Frigerio y Pérez lideraron jornadas de debate junto a legisladores y al presidente de la Cámara Electoral, Santiago Corcuera.



Tendría dos aspectos centrales: la bancarización de los fondos y las contribuciones de empresas a las campañas, una costumbre en países desarrollados que tiene sus riesgos. En la oposición temen someter a legisladores a las urgencias de sus aportantes.



Cambiemos cree que la "agenda institucional", como le llaman, sólo puede traer beneficios políticos, al margen de los resultados. Que no parecen fáciles. 


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