No va más

El gobierno le quitó a la mujer de Máximo Kirchner el manejo de un centro de salud

Luego de una auditoría en la que se detectaron irregularidades, la Nación transfirió el Centro a la municipalidad de Río Gallegos.

El Centro Articulador de Políticas Sanitarias (CAPS) creado por el gobierno de Cristina Kirchner y dirigido en Río Gallegos por su nuera Rocío García, dejó de pertenecer a la órbita de la provincia de Santa Cruz. El Ministerio de Salud nacional, después de que se detectaran diversas irregularidades en una auditoría y el incumplimiento de cláusulas del convenio de colaboración de la Nación con la provincia, decidió que el gobierno de Alicia Kirchner deje de manejar el CAPS. Desde ahora, lo manejará la municipalidad de Río Gallegos bajo la estricta supervisión de Nación. "Hicieron un programa para un negociado", señaló un funcionario del ministerio de Salud y agregó que "Santa Cruz decidió unilateralmente usar para la provincia insumos y camiones sanitarios de Nación". La ministra de Salud de Alicia Kirchner es la propia Rocío García.



Con diez cláusulas que lo componen, el convenio marco entre la cartera de Salud y la municipalidad de la capital santacruceña dejó sin efecto el manejo del centro por parte de la Provincia. El CAPS fue inaugurado por Cristina Kirchhner en plena campaña electoral de 2015 y dirigido por su nuera García.



Según fuentes del Gobierno, cinco días antes de dejar la Casa Rosada, el kirchnerismo firmó la cesión a la provincia que iba a gobernar la cuñada de Cristina del CAPS y de los insumos y trailers sanitarios que pertenecían al programa nacional Argentina Sonríe.La decisión de retrotraer esa cesión, del 26 de enero, se tomó después de concluir que se "incumplieron varios aspectos del convenio y que no se usaba el espacio para los fines originales". En respuesta a la decisión del macrismo, la ministra García, pareja de Máximo Kirchner, envió una carta documento al Ministerio que conduce Jorge Lemus pidiendo más explicaciones al respecto.



Los informes internos que impulsaron la decisión de correr al gobierno provincial del manejo del CAPS, reflejaron que una de las mayores irregularidades "es que en forma unilateral decidieron utilizar los insumos de Argentina Sonríe, que es un plan nacional, sólo para la provincia”, indicaron fuentes oficiales a Clarín. Este programa de salud bucal demandó $ 233 millones y fue manejado por García, que se encuentra imputada por defraudación a la administración por las inconsistencias en el manejo de fondos públicos que se destinaron a ese plan.



A Santa Cruz se trasladaron el 35% de los móviles de atención para la salud primaria. Según el informe oficial, “los mismos no se utilizaron para dichos fines”, y al momento de realizar el relevamiento todos ellos se encontraban “desmantelados y sin los costosos equipos correspondientes y sólo contaban con los sillones odontológicos”. Al momento de auditar el centro de salud, las autoridades detectaron que gran parte de la tecnología e insumos que debían estar en los tráilers “se encontraban en varios consultorios, apilados, amontonados sin uso y sin ningún acta que explique por qué vaciaron los camiones y sin el correspondiente stock”.



La documentación de los vehículos (cédulas verdes y todos los seguros vigentes) aún está en poder de la provincia, pese a que fueron solicitados por los auditores. Entre los autorizados para conducir los móviles y retirar insumos de los mismos se encuentraFernando Butti, ex mano derecha y contador de Lázaro Báez.



Volver a equipar esos camiones que fueron comprados con fondos nacionales le costará al Estado $ 400.000. Sin embargo el kirchnerismo -según la auditoría- "los pagó $ 1.800.000 y el único kilometraje que tienen son el viaje de Buenos Aires a Río Gallegos”, se expresó en el documento.



Entre las irregularidades señaladas por el ministerio de Salud, se planteó que una serie de móviles se compraron por intermedio de la UTN de Río Gallegos. “Todo con poco uso y además se adquirieron equipos que nada tienen que ver con la atención primaria, se armó un programa para un negociado”, indicaron fuentes oficiales. Con estos convenios, según consta en la auditoría "se nombró en el CAPS personal con incompatibilidad alguno como planta permanente".

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