El Estado y su responsabilidad en la violencia hacia la mujer

La violencia hacia a las mujeres en Salta supera cualquier capacidad de asombro. Desde el impune doble crimen de las turistas francesas, niñas de 14 y 15 años asesinadas por sus novios, otras  violadas a las que el estado les niega el aborto no punible, mujeres quemadas y hasta asesinadas dentro de una cárcel.

En Salta, la mujer no está segura ni cuando el violento está preso.

Contamos 4 mujeres asesinadas este año. Andrea Neri, asesinada el 5 de enero dentro de la cárcel de Villa Las Rosas, por su pareja: preso, femicida y reincidente. Elida Santillán estrangulada el 6 de enero  en la vía pública en Tartagal. Carolina Saracho, quemada con alcohol por su pareja en Barrio Norte Grande. Jimena Salas, asesinada brutalmente en Vaqueros.

A pesar de la emergencia en violencia y otras medidas, siguen los crímenes, muchos de ellos con todo un recorrido judicial previo. El femicidio de Andrea Neri constituye un crimen de Estado y retrata de la forma más cruda un régimen político y social, al que está sometida la mujer trabajadora y su familia. Calletti tiene que renunciar no por su falta de competencia en materia de género, sino por ser la cabeza de una estructura que utiliza la violencia como instrumento de opresión y represión en todos los ámbitos. El Estado es el primer violento y el primer responsable de estos crímenes, como de las muertes por desnutrición. Ésta es la política que une a Urtubey y a su ministra, que otrora negara el derecho al Aborto No Punible a una niña wichi violada.

La familia de Carolina Saracho, denuncia que ahora tendrán que ir a una doble batalla judicial .Una es para demostrar la complicidad de los familiares del femicida, ya que el ataque ocurrió en la misma vivienda en la que convivían todos y otra, es porque el femicida no aceptó que la hija de Carolina quede al cuidado de su familia materna. Es que por ahora, el estado  otorga la guarda de la niña a los familiares paternos, sobre cuya complicidad debe investigar la justicia. Desde ya exigimos que el juzgado de menores, otorgue inmediatamente la custodia de la niña a los padres de la víctima, tal como lo están reclamando. No queremos una segunda victimización como en el  caso de Rosana Galeano.

Luego de la Ley de Emergencia y de la creación del Observatorio contra la Violencia hacia la Mujer, el número de femicidios sigue creciendo. No pueden proteger a la mujer que sufre violencia, ni siquiera garantizar la eficacia de derechos establecidos en toda una legislación  aprobada en más de un década. Solo la organización autónoma de las mujeres, junto a la clase obrera, pueden sacar a la sociedad de esta barbarie. En esta dirección, el Bloque del PO en la Legislatura, plantea la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres, electas y revocables por el voto de las mujeres, que cuente con presupuesto propio, que tenga a su cargo la garantía de la asistencia a las víctimas y un plan contra la violencia, de manera que sean las propias mujeres quienes acaben con la masacre de los femicidios y la violencia sobre nuestras familias.

Para avanzar en esta salida organizaremos en Salta el Paro Internacional de mujeres el 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer trabajadora que ya se organiza en 30 países de los 5 continentes.

Gabriela Cerrano, Senadora Provincial  y dirigente del Plenario de Trabajadoras