El Estado usará 46 autos secuestrados a ex funcionarios K, entre ellos uno de Cristina
No se descarta afectarlos a las fuerzas de seguridad o a vialidad Nacional.
46 vehículos secuestrados a funcionarios del kirchnerismo procesados por defraudación al Estado por direccionar la obra pública vial a Lázaro Báez ingresaron este martes a la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE), que les dará un fin social.
En esta causa, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y los otros procesados en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral (52 contratos por 46.000 millones de pesos), por los “daños y perjuicios” generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.
Según informó Clarín, el juez Julián Ercolini afectó al embargo que recae sobre cada uno de los principales procesados por 10.000 millones de pesos, más de 180 propiedades, lo que incluye 46 vehículos, encabezados por un Honda CVR dominio IFU 900, propiedad de Cristina Kirchner y sus hijos.
El juez ordenó que, a fin de mantener su valor, “se deberá proceder a la contratación de un seguro contra todo riesgo respecto de dichos bienes”.
41 de los vehículos están registrados en la provincia de Santa Cruz (Río Gallegos, Río Turbio y Calafate), 2 en Capital Federal, 1 en Corrientes, 1 en Santa Rosa y 1 en Zárate (Buenos Aires).
“Lo primero que se hizo fue encontrar espacio del Ejército y Gendarmería para trasladar los vehículos y resguardarlos allí, después se inspeccionará el estado en el que cada uno se encuentra para asignarle un fin social”, explicó Lanus.
Esta decisión va en sintonía con el proyecto de ley de extinción de dominio y según planteó Lanús “la recuperación de los bienes para utilidad pública, la instrucción judicial tiene un fin que se enmarca en la lucha contra la corrupción”. En el Estado sostienen que en nuestro país, “los corruptos y ladrones no sólo tienen que estar presos, sino que, además, sus posesiones mal habidas, deben ser recuperadas en provecho de todos los argentinos”.
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