¿Víctimas o victimarios: de qué lado estás?

En el caso de los funcionarios policiales honestos, muchas veces  su accionar queda limitado a un rol de simple testigo del accionar delictivo.

Esa visión deformada no es producto de las casualidades sino que obedece al relativismo con que se pretende instalar como cuestiones folclóricas o pintorescas de nuestra comunidad, situaciones como por ejemplo la existencia de jóvenes  vagando en las calles, consumiendo drogas o alcohol y cometiendo diversos delitos.

Como si tuviéramos que vivir resignados a aceptar estar sumergidos en la marginalidad; o acostumbrarnos a ver como los delincuentes recuperan su libertad ambulatoria luego de ser demorados unas cuantas horas en la Alcaidía para quedar nuevamente en condiciones de reincidir en sus hábitos ilegales, la famoso puerta giratoria por la cual la detención de un delincuente termina siendo un breve tránsito de encierro que no lo acarrea mayores consecuencias.

Esta naturalización que trajo a la sociedad las corrientes Zafaronianas o Zafaronistas del derecho, generan, entre otras cosas, el temor y el desprestigio en las fuerzas policiales a ser sumariados,  a perder su trabajo que siente el agente uniformado al actuar conforme a derecho porque sabe que de todas maneras, siempre será sancionado en los casos de enfrentamiento.

A todo esto, se suma  el manejo poco profesional que muchas veces despliega la prensa al acusar siempre, sin pruebas y por las dudas, al personal policial que intervino en tal o cual incidente. Todas estas cuestiones son, en definitiva, el caldo de cultivo para la promoción deliberada de los hábitos criminales. Los casos judiciales que se llevan adelante en contra de uniformados en la policía de la Prov. de Salta resultan ejemplos patentes de esta tesitura de hostigamiento para quienes deben protegernos.

Las secuelas de esta deformación en la concepción de para qué existe la policía son gravísimas, principalmente por tratarse de una de las funciones más esenciales del estado que involucran a la sociedad toda, a la seguridad nuestra y a la de nuestros hijos. Cabe destacar que las leyes de procedimiento a la que están sujetos, son ridículas y distan mucho de la realidad a la cual un policía debe enfrentar diariamente. Es tal ese patrón ideológico garantista que la sociedad toda queda presa de ese desatino inaceptable, viviendo en un estado de vulnerabilidad total que pone en riesgo nuestras vidas.

Allí también cabe incluir a la vergonzosa realidad que padece la docencia en general en todo el país, jaqueada por las amenazas de los alumnos y sus padres que le impiden poner una mala nota, cursar un llamado de atención, y mucho menos, constituirse como la autoridad en el aula o  del establecimiento educativo. Esta falta de noción de respeto a las jerarquías,  que viven miles de niños y jóvenes, en la mayoría de los casos  conduce al desconocimiento de la autoridad y la ley, y lamentablemente en el peor de los casos esto conlleva  a  la producción de delincuentes que el día de mañana no dudarán en cometer cualquier tipo de delito, acostumbrados a no respetar  los bienes, la integridad ni la vida de otras personas.

Raíz del vandalismo que vemos en muchos de nuestros barrios.  Así, quienes tienen responsabilidades educativas, al igual que los policías, tristemente se limitan a cumplir sus horas y retirarse, como autómatas que deben realizar una tarea fría y desprovista de todo valor trascendental, sin ningún propósito moral ni objetivo superior alguno, ya que en medio de la violencia descarada,  nuestros docentes no pueden sensatamente enseñar los valores del respeto y la buena convivencia. La violencia en las escuelas tampoco constituye un resultado casual.

Al hablar de responsabilidades públicas tan elementales,  pareciera inaudito constatar que la clase política mira para otro lado, permanece callada y enfrascada en posiciones ideológicas que limitan y tergiversan el accionar de los brazos del estado que justamente más activa y vigorosamente deberían funcionar. Parecería increíble tener que defender y aclarar que las garantías y derechos de que goza cualquier ciudadano, también rige para quienes asumen la noble tarea de luchar contra la delincuencia.

Se llega muchas veces a la necesidad de que manifestaciones populares echen luz de sensatez en los funcionarios judiciales intervinientes para que no caigan en esa funesta ideología que les impide discernir quién es el delincuente y quien es la víctima. En todo caso, hay que preguntarle a Campagñoli.