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Maltrato laboral / Piden que detengan al finquero salteño que tenía al menos 19 esclavos

Walter Ortiz Meriles está acusado por los delitos de “trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre”.

Piden que detengan al finquero salteño que tenía al menos 19 esclavos

El fiscal federal Eduardo Villalba pidió el procesamiento de Walter Ortiz Meriles por los delitos de “trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre”.

Junto a otros dos hombres que se encuentran prófugos, Meriles está acusado de captar al menos a 19 trabajadores en situación de vulnerabilidad para someterlos laboralmente en un campo en Apolinario Saravia, departamento Anta.

El fiscal sostuvo que se encuentra “suficientemente probado” que en la finca El Bordo, “se encontraron personas realizando tareas de cosecha y embalado de hortalizas, en situaciones infrahumanas de convivencia, configurando este hecho una situación de explotación o reducción a la servidumbre, alcanzando un nivel incompatible con la condición humana”.

La investigación, según publica Nuevo Diario, se inició en noviembre pasado cuando personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de la Provincia realizaron un relevamiento de personal en la finca.

Así se constató que los trabajadores no estaban registrados y no tenían servicio de agua, electricidad, cloacas y señal de telefonía. Estaban alojados en casillas con piso de tierra que tenían cajones de plástico con colchones encima utilizados como camas, y utilizaban letrina con una estructura de plástico para cubrirla.

Además, no contaban con elementos de seguridad laboral indispensable para sus tareas, ni ropa de trabajo, ni botiquín de primeros auxilios y había envases de agroquímicos y mochilas fumigadoras a la par de las viviendas. 
Viviendo en esas condiciones había niños a cargo de los trabajadores, quienes manifestaron que trabajaban para Nicolas Arsindo Burgo, Cosme Guadalberto Guerrero Albarado y Meriles. Y cobraban entre $7 y $12 por cada cajón que llenaban, sin recibo alguno, con una estimación de producción diaria de entre 30 y 50 cajones.

La Fiscalía solicitó la intervención de la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, que realizó tareas de campo y comprobó lo informado por la Policía de la provincia y funcionarios de AFIP.

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